La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, ha propuesto cambios a la ‘Ley Antilavado’, (LFPIORPI).
Recordemos que esta la Ley Antilavado, está orientada a la prevención e identificación de operaciones ilícitas relacionadas con lo que se conoce como actividades vulnerables, es decir, actividades realizadas por entes no financieros, pero que emplean sus operaciones para enmascarar la procedencia posiblemente ilícita de recursos.
Debido a los reiterados escándalos en el Sindicato Petrolero, por citar un ejemplo, se busca reunir información sobre la operación de los mismos y de sus dirigentes.
De igual modo, conocer a los beneficiarios finales de los fideicomisos de manera complementaria a la identificación de los participantes en un fideicomiso que ya de manera obligatoria realizan las instituciones fiduciarias .
Se buscará que todos las personas que realizan actividades de las llamadas vulnerables cuenten con auditor externo en materia de lavado de dinero. Situación que incrementará los gastos administrativos de los contribuyentes que según LFPIORPI se encuentren en esa situación.
Estas y otras modificaciones se unirían a la recién aprobada y polémica modificación a la Ley de Instituciones de Crédito del 6 de Noviembre 2019, de la que comentamos en una publicación previa, y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio del 9 de agosto del mismo año.
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