Reforma Constitucional ¿generadora de desconfianza?

 

En estos últimos meses, el Presidente de México, se encuentra de muy mal humor, parece nada salirle bien. La epidemia no cede, las vacunación se retrasa, los partidos políticos de oposición forman un bloque para evitar que su partido ocupe escaños en el Congreso y con ello se diluya el respaldo del órgano legislativo al cumplimiento de su mandato. Por si ello fuera poco, sus planes de Reforma al Sector energético se han topado de frente con las decisiones de jueces y magistrados que han otorgado amparos a las empresas particulares que se ven afectadas por las restricciones que les impone la reforma a Ley de la Industria  Eléctrica.

Enero 2021 se remite al Congreso una Iniciativa de Proyecto para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que finalmente es aprobada por la mayoría de congresistas del partido oficial en el poder. 

El espíritu y objetivo primordial de esta iniciativa de Ley es la eliminación del Mercado Eléctrico Mayorista para dar prioridad a la entidad estatal, la Comisión Federal de Electricidad, por encima de los productores privados. La Comisión Federal de Competencia ya declaró anti-competitiva esta Ley pues favorece el comportamiento monopólico de la entidad en perjuicio de sus competidores privados. Adicionalmente la Ley es violatoria del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC. 

Ante la opinión negativa de organismos independientes , Don Andrés ha explotado contra las comisiones de competencia y de regulación, órganos autónomos, amenazádolas con fusionarlas, disminuir su presupuesto y desaparecerlas como solución final.  

El Presidente ahora también ve como enemigos, a jueces y magistrados del poder judicial, que han otorgado suspensiones temporales en favor de los afectados por esta Ley reformada. El proceso judicial apenas comienza y es de esperarse que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. 

A todas luces, la Ley es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 25 y 26 expone:

….”Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo….

Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013 …….”

Sabedor, Don Andrés, de que el máximo tribunal del país declare que la Ley de la Industria Eléctrica es contraria a la Constitución y la deseche, ha decido entonces que la solución más idónea será modificar la Constitución para no contrariarla con sus iniciativas. 

La modificación de la Constitución no es un proceso sencillo ni rápido. Según el artículo 135 establece que cualquier adición o modificación a la Carta Magna deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión y además contar con la aprobación de la mayoría absoluta, la mitad más uno, de los Congresos de los Estados de la República. En este momento ambos obstáculos los tiene resuelto el gobierno de la 4T, pues es mayoría de diputados Federales y 19 congresos  locales de los 32 son mayoría del partido dominante y sus aliados. Sin embargo, serán las próximas legislaturas quienes decidirán al respecto. Ya que las elecciones para designación de congresistas federales y algunos locales se efectuarán el próximo 6 de junio, aún se desconoce la tendencia definitiva en preferencias electorales, pero el descontento con el gobierno actual y su administración y manejo de la crisis epidémica ha dejado molestias que se reflejarán en las urnas.

Una modificación constitucional cuyo único objetivo sea ajustarla a legislaciones secundarias que dé ella emanan, genera intranquilidad en los gobernados, desconfianza en los inversionistas, y temor en los mercados financieros, toda vez que los capitales ‘huyen’ de los problemas o de la simple percepción de un entorno adverso.

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CRISIS FINANCIERA EN MÉXICO SERÁ DE MAYOR DURACIÓN Y PROFUNDIDAD

A pesar de las declaraciones vertidas por el Gobierno Federal de México, respecto a la disminución de la pandemia y a la salida de la crisis económica derivada de la contingencia. Lo cierto es que la recuperación económica de nuestra nación es todavía incierta, aún con la reactivación de ciertas actividades sociales y laborales. ¿la razón? La epidemia se ha extenderá por un largo periodo de tiempo aún indeterminado, con la posibilidad de rebrotes y de una segunda oleada de contagios.

Se espera a la vacuna, sin embargo la inoculación de la misma no podrá ser masiva antes del verano 2021, sin contar que aún el día de hoy 8 octubre no existe evidencia científica de que los prototipos de vacuna en estudio a nivel mundial ofrezcan una inmunidad certera y duradera contra la COVID19.

La recuperación económica está sujeta al control de un complejo fenómeno biológico a escala mundial, que resulta pues impredecible su control a estas fechas. Ahora bien, el largo periodo de confinamiento y distanciamiento social, ocasionó primeramente una crisis de liquidez por el desempleo y cierre de operaciones comerciales de sectores no prioritarios, que terminó con los pocos ahorros de individuos y empresas, principalmente PYMES.

En segundo término este confinamiento social ha golpeado la confianza del consumidor, y con ello los ingresos de diversos sectores comerciales, industriales y de servicios.

En tercer lugar, la escasez de operaciones comerciales y  la limitación en actividades productivas del sector industrial ha incidido en  forma negativa en los planes de inversión de diversos entes económicos, por si ello fuera poco, el Gobierno Federal ha continuado con su política de austeridad, para evitar con ello la adquisición de deuda pública, sin embargo su proceder ha profundizado la recesión económica que ya estaba presente desde el 2019.

Ante los efectos continuados del distanciamiento social como medio de control del virus, las actividades cotidianas continuan incidiendo de manera adversa en las actividades económicas de la nación. A pesar de la disminución de la tasa de interés por parte de Banxico, ahora en 4.25% a partir del 24 de septiembre 2020, la crisis ha ocasionado reducción del límite de crédito de la banca comercial, y reducción en el uso de tarjetas de crédito y débito por parte de los consumidores, esta cautela ha ocasionado también que las solicitudes de créditos para adquisición de automóviles, préstamos personales y nómina también hayan sufrido una baja importante.  

El periodo de gracia otorgado por la banca comercial para diferir el pago de créditos ha terminado, pero la epidemia y sus efectos adversos continuan y ya los bancos se alistan para enfrentar una cartera vencida mayor, por la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus obligaciones. Después de la crisis de liquidez ahora se enfrenta una crisis de solvencia que se espera derivará en una crisis financiera. 

Esta disminución de actividades económicas también ocasiona que las entidades recaudadoras de contribuciones vean disminuido su ingreso.  Ya el FMI (Fondo Monetario Internacional) y otros organismos financieros internacionales han aconsejado incrementar apoyos fiscales a familias y Pymes , los préstamos a la palabra ofrecidos por la SE a través del IMSS fueron insuficientes y de poco interés para empresas e individuos, que apenas representan un 0.69% del PIB,  dar una mayor cobertura social de los habitantes al introducir un seguro de desempleo, el establecimiento de una reforma fiscal en el mediano plazo y reorientar el gasto público de sectores poco productivos como la refinación de hidrocarburos con la suspensión en la construcción de obras como la refinería de PEMEX hasta el momento en que sea más redituable.

En fin, muchas de las recomendaciones económicas para afrontar esta crisis, incluyendo las advertencias y recomendaciones de su propio banco central BANXICO, han sido ignoradas, en parte por desconocimiento y en parte por dar continuidad a una política pre-pandemia para el cumplimiento de promesas de campaña electoral.

Por lo que se  espera:

  • Una recuperación económica más tardía por el quiebre inminente de empresas de todo tamaño en donde mayoritariamente serán PYMES, muchos emprendimientos familiares entre ellos, por la erosión económica que ha dejado el paro de actividades como medida sanitaria para el control de la epidemia.
  • Agrandamiento de la brecha económica, habrá un mayor empobrecimiento de la población más vulnerable como son mujeres, población rural y trabajadores informales entre otros.
  • Niveles elevados de deserción escolar 
  • Postergación de la inversión nacional y extranjera, que puede llegar hasta niveles de su total cancelación.
  • Desempleo que persistirá en el tiempo
  • A pesar de que BANXICO ha contenido la inflación, esta ha rebasado su tope, y lo peor sería un caso de estanflación, es decir incremento del nivel general de precios acompañada por decrecimiento económico.
  • Decrecimiento del crédito y aumento del riesgo de impago de los contratos crediticios ya existentes
  • Menores ingresos fiscales, con lo que se espera una recaudación punitiva y una reforma fiscal suficientemente fuerte que permita sufragar el déficit fiscal creado por la epidemia.
  • Afectaciones sociales y psicológicas derivadas de epidemia y del decrecimiento económico asociado, entre otros los niveles de criminalidad reflejarán un incremento considerable.

Hasta aquí nuestras conclusiones, pues el panorama pudiera resultar desesperanzador y este no el objetivo. La CEPAL y el BID anunció una recuperación económica muy baja, el Gobierno Federal rechazó tajante esta postura, aduciendo que los modelos que se usan para medir la riqueza son anacrónicos. Lo cierto es que, a pesar de los indicadores macroeconómicos y/o otros indicadores alternativos, la mejor medida para comprender la recuperación económica, es el dinero que los habitantes tienen en el bolsillo. 

El objetivo de este documento es para concientizar a empresas e individuos a tomar las previsiones necesarias para afrontar de la mejor forma este escenario negativo que persistirá por un largo periodo de tiempo.

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Economía con crecimiento nulo en México en el primer año de AMLO

El primer año de cada nuevo sexenio siempre ha se ha caracterizado por ser el de menor crecimiento económico. Sin embargo, este primer año de gobierno ha sido el primero de un crecimiento nulo, contrario a las declaraciones del  9 de Julio 2018 cuando el entonces candidato y ahora Presidente anunció crecimientos no menores al 4%.

Las razones básicas son 2 que están a su vez íntimamente ligadas entre si:  bajos niveles de inversión y desconfianza de los inversionistas.

La inversión en infraestructura pública se ha visto detenida con el inicio de la 4a. transformación, debido al programa de austeridad republicana y al programa de combate a la corrupción, como lo fue el caso del proyecto del nuevo aeropuerto de CDMX. En materia de inversión privada, si bien los grandes proyectos no se han detenido del todo, si se han visto detenidos por la desconfianza de inversionistas en las nuevas políticas públicas; quienes han detenido casi todo proyecto de inversión son los micro, pequeños y medianos inversionistas, sobretodo por la desconfianza en los programas de gobierno.

La industria de la construcción en ciudades como CDMX, se ha visto frenada ante la creciente restricción y clausura, en muchos casos justificada por contravenir normas urbanísticas, de proyectos inmobiliarios de todo tipo.

El dinero tiende a huir de entornos económicos inestables, y es una explicación a la carencia de inversión privada, igualmente el nivel de inversión tiende a seguir los niveles de confianza del consumidor que en este año se han visto igualmente deprimidos. La percepción de consumidores e inversionistas se encuentra muy cauta, ante esta nueva administración de gobierno.

Los niveles de inflación se han visto contenidos, por la aplicación de políticas monetarias restrictivas y del bajo consumo. Los niveles de crédito igualmente se muestran muy bajos.

Ante este escenario, el gobierno Obradorista, anunció el plan nacional de infraestructura emitido por el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial. Este Plan Nacional tiene como objetivo esencial remontar los niveles de inversión en proyectos de infraestructura, que cumplieran las características esenciales en cuanto avance de obra, beneficio a la comunidad, prioridad en su ejecución y viabilidad de obra.

El Gobierno Federal reivindicó la necesidad de la participación conjunta del sector privado en la implementación del plan nacional de infraestructura, ya que en México, incluso durante el auge petrolero de los 70’s el porcentaje de inversión respecto al PIB nunca fue mayor al 22%

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SENADO PRETENDE ELIMINAR COMISIONES BANCARIAS, y desestabiliza mercados financieros.

 

Para nadie es desconocido, que a los usuarios de la banca mexicana, se les cobran comisiones desmedidas por casi todos los servicios que les prestan las instituciones bancarias, incluso las comisiones que se cobran en México son mucho más altas que las que los bancos cobran en sus países de origen. 

Ante este escenario, los Senadores tuvieron a bien crear la iniciativa para eliminar el cobro de 17 tipos de comisiones que carga la banca mexicana a sus clientes y usuarios, entre otros:  comisiones por no mantener saldo mínimo, por emisión de un estado de cuenta adicional, por consulta de saldo, por reposición de plásticos en caso de pérdida o extravío, por retiro de efectivo en cajeros automáticos, anualidad tarjetas de crédito, etc.

La falta de negociación política de los Congresistas con los banqueros e instituciones de regulación financiera y Banxico, hicieron que las acciones bancarias cotizadas en Bolsa se desplomaran, arrastrando con ello al Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, sufriendo un descenso del 5.81% que es la peor caída de los mercados financieros locales desde el 2011 con una pérdida de más de 500mil millones de pesos en un sólo día.

Ante estos resultados, el Senado ha dado marcha atrás con la iniciativa y determinado que no se aprobará, al menos en este periodo parlamentario, sin antes escuchar la posición y recomendación de Banxico, SHCP, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Asociación de Banqueros de México. 

El futuro titular de la SHCP aclaró en conferencia de prensa que el gobierno entrante acordó trabajar con el Congreso en mejorar las condiciones de las comisiones bancarias, y al mismo tiempo hizo tres propuestas: respecto irrestricto a la autonomía de Banxico, estabilidad macroeconómica y financiera, así como manejo adecuado de las finanzas públicas.

Es indudable que las comisiones deberán plantearse a la baja, en beneficio de la población, sin embargo la poca experiencia política de los congresistas entrantes, mina la confianza de los inversionistas y con ello la estabilidad de mercados financieros.

El mundo no está hecho de buenas intenciones

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