¿Desabasto de gas y maíz? Una historia que se repite

El pasado 2 de julio, el titular del ejecutivo externó el anuncio de la imposición de un precio tope al gas LP para controlar su continua alza, además se refirió a la importación de maíz para contener la escalada de precios.

Es innegable que el Presidente está comprometido a reducir la tasa de inflación del país, sin embargo, el control de precios por decreto, de ninguna forma es la mejor solución. No se trata de un descubrimiento actual, todos sabemos que la fijación de un precio tope, genera distorsiones en los mercados, causando desabasto y una oferta paralela no regulada con precios altos, que conocemos como mercado negro.

Parece ser que la escasez en México, de productos de primera necesidad de los inicios de la década de los 80, se ha olvidado. En esos años, debido a la fijación de precios máximos se llegó al desabasto de varios productos de consumo básico, como la leche, azúcar, maíz, huevo, gas LP, los dentífricos incluso, por mencionar algunos. Así como al surgimiento de ventas atadas, como lo era condicionar la venta de 2 litros de leche, sólo a los consumidores  que compraran cierta cantidad de otros productos.

En otros países de Latinoamérica tenemos muchos ejemplos más recientes, como el desabasto reciente de carne en Argentina, y en Venezuela de muchos suministros de uso cotidiano, por mencionar sólo algunos.

La escalada de precios, en el gas LP, debe controlarse a través de diversos mecanismos de política regulatoria y no únicamente atenerse a la fijación de un precio topado, que obedece a una política simplista de control de un bien determinado por mecanismos más complejos. El control de precios tendrá un efecto inmediato y contundente, en el corto plazo, pero ocasionará problemas mas serios de distorsión en los mercados y desabasto.

El precio del gas se ve impactado por diversos factores, como lo son la determinación de un precio de referencia internacional, el precio del dólar a nivel internacional,  los costos en los mecanismos de recepción, transporte, envasado y almacenaje donde su precio será afectado por costos de fletes, salarios, derechos, impuestos, seguros, fianzas, electricidad, etc. Asimismo deberá analizarse el sano nivel de competencia económica entre las entidades que comercializan el gas LP para evitar la ganancia especulativa por colusión de los oferentes.

Asimismo el nivel de precios de combustibles, como el gas LP, obedece a ciclos económicos y de precios, con la epidemia el precio bajó por poca demanda, y tras la gradual liberación de actividades económicas e industriales la demanda aumenta.

Situación semejante se ve reflejada en el precio de referencia internacional del maíz, que ha tenido un aumento en el último mes del 14.6% según análisis de la FAO, lo que ha ocasionado un incremento anual de un 111%, esto debido a poca oferta interna en varios países y aumento en la demanda de China. Por lo que la importación de maíz, con precios internacionales elevados no remediará la escalada de precios. Así que el precio de la tortilla seguirá las tendencias de precios mundiales.

No es mero capricho o disconformidad de tecnócratas, como refirió el Presidente.

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CODI, no alcanza los objetivos propuestos

Se cumple un año desde el lanzamiento de la plataforma CoDi, sin alcanzar ninguna de las expectativas que Banxico anunció con su lanzamiento.

A pesar de los esfuerzos de la banca comercial para subir a su clientela en la plataforma, de la publicidad en medios y de las múltiples alabanzas al CoDi en las conferencias diarias de la Secretaria de Economía, lo cierto es que los usuarios de la banca comercial no están interesados en usar la plataforma .

Ya habíamos dicho en nuestro análisis de hace un año, CoDi, ¿será posible el éxito anunciado por Banxico?, que CoDi no será una plataforma de pagos de adopción masiva en el corto y mediano plazo. 

Y el CoDi no será en lo absoluto un mecanismo que fomente la bancarización de un segmento de la población que simplemente está acostumbrada al pago en efectivo, en México más del 90% de las transacciones comerciales se realizan con pago en efectivo.

¿La razón?  Son muchas las razones que explican la baja adopción de la plataforma, entre otras, que no hay muchos negocios que acepten CoDi, y que los comerciantes no están interesados en la adopción de la plataforma ante el temor de que el SAT fiscalice sus operaciones; que se trata de un sistema complejo en comparación al pago con tarjeta, que sólo requiere presentarla, en ocasiones digitar un nip y firmar el voucher; los usuarios no bancarizados no tienen ningún incentivo para abrir una cuenta bancaria pues representan dificultades administrativas con las cuales no se quiere lidiar. En resumen podríamos decir que el alto nivel de operaciones comerciales informales es el principal freno de la inclusión financiera.

Si bien, no se han habilitado  los 18 millones de usuarios que Banxico pretendía para Septiembre 2020, si se ha logrado un total de más de 5 millones de aplicaciones descargadas. Sin embargo son menos de 225 mil cuentas, en todo un año, que han registrado un cobro; es decir sólo un 4.5% del total de aplicaciones descargadas.

La Asociación de Bancos de México asegura que fueron las medidas restrictivas para contener la pandemia, las que arruinaron la adopción de la plataforma. 

Lo cierto es que la baja adopción de la plataforma y su fracaso en el corto y mediano plazo se atribuye a que los usuarios de la banca ya cuentan con una tarjeta de débito para el pago, y los usuarios de tarjetas de crédito no tienen forma de asociarla para el pago con CoDi. Por su parte los consumidores que pagan en efectivo no ven necesidad de un mecanismo de pago alternativo.

Ya Gerardo Esquivel, Subgobernador de México se había referido al fracaso de la plataforma si no lograba mayor inclusión financiera, y tal situación ya es palpable pues CoDi, no es de interés masivo para la realización de transacciones economico-comerciales.

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KEKAS sin queso, los efectos de la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

Octubre 14, la SECRETARÍA DE ECONOMÍA en coordinación con la PROFECO, anunciaron conjuntamente  la prohibición en la comercialización de 23 presentaciones de quesos y yoghurt de varias marcas, entre las que se encuentran Caperucita, Fud, Nochebuena, Precissimo, Aurrera, Burr, Selecto Brand, Cremería Covadonga, Premier plus, Frankly, Galvani, Lala, Philadelphia, Los Portales, Zwan, Walter, Sargento y Danone. 

El motivo de esta prohibición, es el incumplimiento de diversos conceptos en su etiquetado en relación al contenido de grasas vegetales y caseinato en algunos casos, y en otros en relación a variaciones en el contenido expresado en la etiqueta con las porciones ofrecidas a la venta, en otros casos es la revelación del país de origen y en casos más polémicos está el contenido de diversos endulzantes en el yogurt de Danone. 

El titular de PROFECO, anunció en conferencia de prensa que fue la aplicación por primera vez de la Nueva Ley Federal de Infraestructura de la Calidad, que en este año 2020 viene a sustituir a la Ley sobre Metrología y Normalización.

La aplicación de esta ley ha venido a causar revuelo en estas empresas, que no se habían adecuado aún a los parámetros exigidos en la nueva normatividad. Es verdad, que en ocasiones los fabricantes no revelan adecuadamente los ingredientes que componen sus productos o bien falsean ciertos parámetros en cuanto a contenido  y proporciones. Ya diversos fabricantes han expresado su inconformidad en relación además se anunció que sus áreas regulatorias ya están en contacto con la autoridad para subsanar o aclarar las supuestas irregularidades.

Por su parte el PROFECO, menciona que las medidas tomadas obedecen a la protección en defensa de los consumidores. Los demás productores del ramo alimenticio, deberán poner la lupa en el etiquetado de sus productos para evitar sanciones futuras por parte de la autoridad. Si ves las barbas de tu vecino cortar…..

COPARMEX, se pronunció contra PROFECO, al tachar de infundada e irresponsable la prohibición en la comercialización de las marcas de lácteos sancionadas, al ver cierto tinte político en la aplicación de estas medidas, en plena pandemia cuando las autoridades sanitarias han atribuido el exceso de mortalidad por la COVID19 a factores alimentarios de los mexicanos.

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