La pandemia de la COVID 19 ha dificultado aún más la posibilidad de conseguir cita con la autoridad recaudatoria. Agendar una cita ante al SAT para los servicios de firma electrónica de personas físicas e inscripción de personas morales se convierte en una odisea.
Se ha especulado que los problemas se derivan de actos de actos indebidos por parte de los empleados del SAT para conseguir citas mediante una contraprestación económica.
El ente recaudatorio asegura, por su parte, que los problemas con la asignación de citas, se deben a que los contribuyentes no se presentan a su cita, lo cual ocasiona problemáticas en cuanto a la administración de las mismas. El SAT anunció que un cuarto de los contribuyentes con cita otorgada no se presenta, y esto debido al temor de contagio por la epidemia.
Ante esta problemática le sugerimos gestionar su cita con debida anticipación así como respetar su cumplimiento, si esto no es posible, cancelarla con anticipación.
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El primer año de cada nuevo sexenio siempre ha se ha caracterizado por ser el de menor crecimiento económico. Sin embargo, este primer año de gobierno ha sido el primero de un crecimiento nulo, contrario a las declaraciones del9 de Julio 2018 cuando el entonces candidato y ahora Presidente anunció crecimientos no menores al 4%.
Las razones básicas son 2 que están a su vez íntimamente ligadas entre si:bajos niveles de inversión y desconfianza de los inversionistas.
La inversión en infraestructura pública se ha visto detenida con el inicio de la 4a. transformación, debido al programa de austeridad republicana y al programa de combate a la corrupción, como lo fue el caso del proyecto del nuevo aeropuerto de CDMX. En materia de inversión privada, si bien los grandes proyectos no se han detenido del todo, si se han visto detenidos por la desconfianza de inversionistas en las nuevas políticas públicas; quienes han detenido casi todo proyecto de inversión son los micro, pequeños y medianos inversionistas, sobretodo por la desconfianza en los programas de gobierno.
La industria de la construcción en ciudades como CDMX, se ha visto frenada ante la creciente restricción y clausura, en muchos casos justificada por contravenir normas urbanísticas, de proyectos inmobiliarios de todo tipo.
El dinero tiende a huir de entornos económicos inestables, y es una explicación a la carencia de inversión privada, igualmente el nivel de inversión tiende a seguir los niveles de confianza del consumidor que en este año se han visto igualmente deprimidos. La percepción de consumidores e inversionistas se encuentra muy cauta, ante esta nueva administración de gobierno.
Los niveles de inflación se han visto contenidos, por la aplicación de políticas monetarias restrictivas y del bajo consumo. Los niveles de crédito igualmente se muestran muy bajos.
Ante este escenario, el gobierno Obradorista, anunció el plan nacional de infraestructura emitido por el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial. Este Plan Nacional tiene como objetivo esencial remontar los niveles de inversión en proyectos de infraestructura, que cumplieran las características esenciales en cuanto avance de obra, beneficio a la comunidad, prioridad en su ejecución y viabilidad de obra.
El Gobierno Federal reivindicó la necesidad de la participación conjunta del sector privado en la implementación del plan nacional de infraestructura, ya que en México, incluso durante el auge petrolero de los 70’s el porcentaje de inversión respecto al PIB nunca fue mayor al 22%
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Fines de noviembre 2019, el SAT y la Asociación Mexicana de Bancos ABM, anuncian el acuerdo para la emisión de facturas instantáneas usando la terminal punto de venta, a todas aquellas personas que realizan pagos con tarjetas de crédito y débito.
SAT ha solicitado de los bancos nombre del cuentahabiente, RFC, CURP, y límites de crédito en la tarjeta al 31 de diciembre del 2019, así como pagos mensuales realizados.
Este acuerdo se da a 2 meses de la liberación de CODI, el sistema de pago mediante celular con el intercambio de lecturas de código QR.
El SAT busca limitar la economía informal y al mismo tiempo planear y programar actos de fiscalización con los contribuyentes por posibles discrepancias fiscales, es decir la diferencia existente entre ingresos declarados contra nivel de gastos cuando estos son mayores.
La legalidad de estos actos, pues está sujeta aún a debate.
Con la reducción presupuestaria de la 4T, los puestos de trabajo de más de 2 mil empleados de confianza han sido suprimidos, por lo que el día de hoy 20 de diciembre, por la tarde, se les notificó del cambio en su situación laboral.
Los empleados afectados, señalaron que el encargado de la administración local de diversas zonas del país, les solicitó su renuncia voluntaria, sin posibilidad de recibir finiquito o liquidación. De no firmarse la renuncia voluntaria se procedería, de conformidad con la Ley Federal de los Trabajadores al servicios del estado, a su cese automático.
El jefe del ejecutivo, ya había anunciado desde hace tiempo la reestructuración presupuestaria de varias entidades gubernamentales, por lo que es el SAT, que inicia, este proceso de reestructuración de plazas laborales en atención a la disminución presupuestaria de otros tantos órganos de gobierno.
Dentro de los 50 lineamiento generales para el combate a la corrupción y aplicación de austeridad republicana, se planteó la reducción del 70% del personal de confianza del gobierno. Ahora bien, con respecto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado LFTSE el multimencionado artículo 8 establece que los trabajadores de confianza están excluidos del régimen regulado por esa ley, y sólo tienen derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y beneficios de la seguridad social determinados en el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En teoría sólo deben recibir finiquito por esta terminación laboral.
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