Riesgos de una Reforma Constitucional

Con casi una treintena de amparos otorgados contra la recién modificada Ley de la Industria Eléctrica, ha comenzado la batalla legal que pretende desechar la controversial política en materia energética que impulsa el Gobierno de la 4T.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipándose a que la Suprema Corte de Justicia, considere esta ley anti constitucional, amenaza ahora con Reformar la Constitución.

Pero, ¿cuales son los riesgos de una Reforma Constitucional propuesta por el poder ejecutivo de forma tan precipitada?

Le preguntamos su opinión a un experto, al Doctor en Derecho, Catedrático de la Universidad de Valencia y Colaborador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , Abogado Carlos Tormo Camallonga y esta fue su respuesta:

Cualquier ciudadano mínimamente instruido en la Ciencia del Derecho sabe que toda norma jurídica es una moneda de dos caras que representan cada una de ellas la justicia y la seguridad jurídica. La primera da lugar a disquisiciones eternas y sin conclusiones definitivas ni inmutables; la segunda, no tanto, en la medida en que la podemos definir, simplemente, como la “certeza del derecho”, en su conocimiento y en su aplicación. La justicia y la seguridad son elementos que no pueden entenderse por separado. 

Dejando, con nuestro mayor respeto, para filósofos y demás estudiosos de la ética y la moral, el alcance de lo que puede entenderse por justicia, cualquiera de nosotros sí está suficientemente capacitado para entender la seguridad jurídica como la garantía que el Estado concede al ciudadano de que sus derechos y libertades no van a ser manoseados arbitrariamente ni por los otros ciudadanos ni mucho menos por la Administración Pública. En este sentido, toda norma jurídica requiere de un mínimo de estabilidad en su vigencia y aplicación, de manera que todo cambio al respecto debe venir precedido de un amplio consenso social sobre su oportunidad.

A todos estos efectos no está de más recordar que la Constitución mexicana no es precisamente un texto sencillo de interpretar en todas sus posibilidades, sino más bien todo lo contrario, algo especialmente acentuado cuando hablamos de su reforma Y así es hasta el punto de que a día de hoy los estudiosos de la materia no se ponen de acuerdo ni siquiera en el número de alteraciones que ha sufrido a lo largo de los años. 

Es obvio que toda evolución o cambio de la sociedad, por mínimo que sea, requiere de una legislación que se adapte a las nuevas sensibilidades. En este punto la doctrina constitucionalista conviene en que nuestra carta magna es razonablemente receptiva en tanto que permite reformarse, y más en concreto adicionarse, sin necesidad de superar trámites excesivamente gravosos. Contrariamente, la ambigua redacción de muchos de sus artículos, y muy especialmente del 135, y en tantos puntos, solo puede resultar aceptable para los intereses ciudadanos, y nacionales en su conjunto, desde la exquisita responsabilidad política de todos y cada uno de los órganos con voz y voto en la alteración del texto constitucional. Y una de las principales objeciones sobre este artículo es la concreción de los órganos o entidades legitimados para presentar la iniciativa de reforma constitucional, como quedó claramente expuesto en 1982 con motivo de la reforma del artículo 28 para que el servicio de banca y crédito fuera brindado exclusivamente por el Estado.  

Al margen de la oportunidad o no de esta reforma en la coyuntura económica del momento, la iniciativa de López Obrador puede sentar un peligroso precedente, como es el de todo Presidente de la República pueda sentirse legitimado para reformar la Constitución en la consecución de unos objetivos que, de por sí, son ideológicos y, por lo tanto, susceptibles de mutar cada seis años. Se estaría abriendo la caja de los truenos y lo que es peor, se estaría lanzando un mensaje de peligrosa discrecionalidad por parte del Presidente de la República que rozaría la arbitrariedad y, en consecuencia, el abuso de poder. Lo podríamos entender cuando el Presidente era el jefe del partido hegemónico, pero consideramos que resulta del todo inapropiado en una democracia representativa y multipartidista como es la actual.  

En la consecución de las legítimas pretensiones, todo protagonista en el gobierno de la República debe ensayar cualquier instrumento a su alcance, dentro del ordenamiento jurídico, antes de proceder a la reforma de la Carta Magna. Este debería ser el último de los recursos al que acudir. Una simple sentencia en primera instancia por la jurisdicción ordinaria en absoluto puede desencadenar semejante turbulencia política. Es más, toda sentencia judicial permite un replanteamiento de la cuestión; es una invitación a la reflexión. De lo contrario, si cada pronunciamiento judicial que objeta cada decisión política de cuestionable constitucionalidad es acallado por la correspondiente reforma propiamente constitucional ad hoc, flaco favor le estamos haciendo a la democracia mexicana, en tanto que pretendemos un poder judicial sometido a los designios del partido político y/o del Presidente de turno. 

Al margen de la oportunidad de la iniciativa legislativa de López Obrador, en la que no entramos, una reforma de semejante calado y repercusión nacional e internacional, requiere de una discusión detenida. Es cierto que ello requiere de no poco tiempo, pero no lo es menos que la Norma Suprema siempre debe ser fruto del consenso entre todos los implicados, y como no del pueblo. 

El sosiego normativo siempre es un mensaje de madurez democrática e institucional tanto a la ciudadanía en general como a la comunidad internacional. Y si el texto constitucional mexicano no es lo que demanda una sociedad moderna como la nuestra necesita, no cabe más que su oportuna reforma integral, cuando no una nueva Constitución? Mientras tanto, es del todo contrario a los intereses mexicanos perpetuar unas prácticas propias de un régimen monolítico de partidos que, aunque hay consenso en dejar atrás, parece que algunos se resisten. Aunque dudamos, no cuestionamos la legalidad de la reforma, pero sí discrepamos, y radicalmente, de su oportunidad. 

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Reforma Constitucional ¿generadora de desconfianza?

 

En estos últimos meses, el Presidente de México, se encuentra de muy mal humor, parece nada salirle bien. La epidemia no cede, las vacunación se retrasa, los partidos políticos de oposición forman un bloque para evitar que su partido ocupe escaños en el Congreso y con ello se diluya el respaldo del órgano legislativo al cumplimiento de su mandato. Por si ello fuera poco, sus planes de Reforma al Sector energético se han topado de frente con las decisiones de jueces y magistrados que han otorgado amparos a las empresas particulares que se ven afectadas por las restricciones que les impone la reforma a Ley de la Industria  Eléctrica.

Enero 2021 se remite al Congreso una Iniciativa de Proyecto para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que finalmente es aprobada por la mayoría de congresistas del partido oficial en el poder. 

El espíritu y objetivo primordial de esta iniciativa de Ley es la eliminación del Mercado Eléctrico Mayorista para dar prioridad a la entidad estatal, la Comisión Federal de Electricidad, por encima de los productores privados. La Comisión Federal de Competencia ya declaró anti-competitiva esta Ley pues favorece el comportamiento monopólico de la entidad en perjuicio de sus competidores privados. Adicionalmente la Ley es violatoria del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC. 

Ante la opinión negativa de organismos independientes , Don Andrés ha explotado contra las comisiones de competencia y de regulación, órganos autónomos, amenazádolas con fusionarlas, disminuir su presupuesto y desaparecerlas como solución final.  

El Presidente ahora también ve como enemigos, a jueces y magistrados del poder judicial, que han otorgado suspensiones temporales en favor de los afectados por esta Ley reformada. El proceso judicial apenas comienza y es de esperarse que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. 

A todas luces, la Ley es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 25 y 26 expone:

….”Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo….

Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013 …….”

Sabedor, Don Andrés, de que el máximo tribunal del país declare que la Ley de la Industria Eléctrica es contraria a la Constitución y la deseche, ha decido entonces que la solución más idónea será modificar la Constitución para no contrariarla con sus iniciativas. 

La modificación de la Constitución no es un proceso sencillo ni rápido. Según el artículo 135 establece que cualquier adición o modificación a la Carta Magna deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión y además contar con la aprobación de la mayoría absoluta, la mitad más uno, de los Congresos de los Estados de la República. En este momento ambos obstáculos los tiene resuelto el gobierno de la 4T, pues es mayoría de diputados Federales y 19 congresos  locales de los 32 son mayoría del partido dominante y sus aliados. Sin embargo, serán las próximas legislaturas quienes decidirán al respecto. Ya que las elecciones para designación de congresistas federales y algunos locales se efectuarán el próximo 6 de junio, aún se desconoce la tendencia definitiva en preferencias electorales, pero el descontento con el gobierno actual y su administración y manejo de la crisis epidémica ha dejado molestias que se reflejarán en las urnas.

Una modificación constitucional cuyo único objetivo sea ajustarla a legislaciones secundarias que dé ella emanan, genera intranquilidad en los gobernados, desconfianza en los inversionistas, y temor en los mercados financieros, toda vez que los capitales ‘huyen’ de los problemas o de la simple percepción de un entorno adverso.

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CODI, no alcanza los objetivos propuestos

Se cumple un año desde el lanzamiento de la plataforma CoDi, sin alcanzar ninguna de las expectativas que Banxico anunció con su lanzamiento.

A pesar de los esfuerzos de la banca comercial para subir a su clientela en la plataforma, de la publicidad en medios y de las múltiples alabanzas al CoDi en las conferencias diarias de la Secretaria de Economía, lo cierto es que los usuarios de la banca comercial no están interesados en usar la plataforma .

Ya habíamos dicho en nuestro análisis de hace un año, CoDi, ¿será posible el éxito anunciado por Banxico?, que CoDi no será una plataforma de pagos de adopción masiva en el corto y mediano plazo. 

Y el CoDi no será en lo absoluto un mecanismo que fomente la bancarización de un segmento de la población que simplemente está acostumbrada al pago en efectivo, en México más del 90% de las transacciones comerciales se realizan con pago en efectivo.

¿La razón?  Son muchas las razones que explican la baja adopción de la plataforma, entre otras, que no hay muchos negocios que acepten CoDi, y que los comerciantes no están interesados en la adopción de la plataforma ante el temor de que el SAT fiscalice sus operaciones; que se trata de un sistema complejo en comparación al pago con tarjeta, que sólo requiere presentarla, en ocasiones digitar un nip y firmar el voucher; los usuarios no bancarizados no tienen ningún incentivo para abrir una cuenta bancaria pues representan dificultades administrativas con las cuales no se quiere lidiar. En resumen podríamos decir que el alto nivel de operaciones comerciales informales es el principal freno de la inclusión financiera.

Si bien, no se han habilitado  los 18 millones de usuarios que Banxico pretendía para Septiembre 2020, si se ha logrado un total de más de 5 millones de aplicaciones descargadas. Sin embargo son menos de 225 mil cuentas, en todo un año, que han registrado un cobro; es decir sólo un 4.5% del total de aplicaciones descargadas.

La Asociación de Bancos de México asegura que fueron las medidas restrictivas para contener la pandemia, las que arruinaron la adopción de la plataforma. 

Lo cierto es que la baja adopción de la plataforma y su fracaso en el corto y mediano plazo se atribuye a que los usuarios de la banca ya cuentan con una tarjeta de débito para el pago, y los usuarios de tarjetas de crédito no tienen forma de asociarla para el pago con CoDi. Por su parte los consumidores que pagan en efectivo no ven necesidad de un mecanismo de pago alternativo.

Ya Gerardo Esquivel, Subgobernador de México se había referido al fracaso de la plataforma si no lograba mayor inclusión financiera, y tal situación ya es palpable pues CoDi, no es de interés masivo para la realización de transacciones economico-comerciales.

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KEKAS sin queso, los efectos de la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

Octubre 14, la SECRETARÍA DE ECONOMÍA en coordinación con la PROFECO, anunciaron conjuntamente  la prohibición en la comercialización de 23 presentaciones de quesos y yoghurt de varias marcas, entre las que se encuentran Caperucita, Fud, Nochebuena, Precissimo, Aurrera, Burr, Selecto Brand, Cremería Covadonga, Premier plus, Frankly, Galvani, Lala, Philadelphia, Los Portales, Zwan, Walter, Sargento y Danone. 

El motivo de esta prohibición, es el incumplimiento de diversos conceptos en su etiquetado en relación al contenido de grasas vegetales y caseinato en algunos casos, y en otros en relación a variaciones en el contenido expresado en la etiqueta con las porciones ofrecidas a la venta, en otros casos es la revelación del país de origen y en casos más polémicos está el contenido de diversos endulzantes en el yogurt de Danone. 

El titular de PROFECO, anunció en conferencia de prensa que fue la aplicación por primera vez de la Nueva Ley Federal de Infraestructura de la Calidad, que en este año 2020 viene a sustituir a la Ley sobre Metrología y Normalización.

La aplicación de esta ley ha venido a causar revuelo en estas empresas, que no se habían adecuado aún a los parámetros exigidos en la nueva normatividad. Es verdad, que en ocasiones los fabricantes no revelan adecuadamente los ingredientes que componen sus productos o bien falsean ciertos parámetros en cuanto a contenido  y proporciones. Ya diversos fabricantes han expresado su inconformidad en relación además se anunció que sus áreas regulatorias ya están en contacto con la autoridad para subsanar o aclarar las supuestas irregularidades.

Por su parte el PROFECO, menciona que las medidas tomadas obedecen a la protección en defensa de los consumidores. Los demás productores del ramo alimenticio, deberán poner la lupa en el etiquetado de sus productos para evitar sanciones futuras por parte de la autoridad. Si ves las barbas de tu vecino cortar…..

COPARMEX, se pronunció contra PROFECO, al tachar de infundada e irresponsable la prohibición en la comercialización de las marcas de lácteos sancionadas, al ver cierto tinte político en la aplicación de estas medidas, en plena pandemia cuando las autoridades sanitarias han atribuido el exceso de mortalidad por la COVID19 a factores alimentarios de los mexicanos.

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CRISIS FINANCIERA EN MÉXICO SERÁ DE MAYOR DURACIÓN Y PROFUNDIDAD

A pesar de las declaraciones vertidas por el Gobierno Federal de México, respecto a la disminución de la pandemia y a la salida de la crisis económica derivada de la contingencia. Lo cierto es que la recuperación económica de nuestra nación es todavía incierta, aún con la reactivación de ciertas actividades sociales y laborales. ¿la razón? La epidemia se ha extenderá por un largo periodo de tiempo aún indeterminado, con la posibilidad de rebrotes y de una segunda oleada de contagios.

Se espera a la vacuna, sin embargo la inoculación de la misma no podrá ser masiva antes del verano 2021, sin contar que aún el día de hoy 8 octubre no existe evidencia científica de que los prototipos de vacuna en estudio a nivel mundial ofrezcan una inmunidad certera y duradera contra la COVID19.

La recuperación económica está sujeta al control de un complejo fenómeno biológico a escala mundial, que resulta pues impredecible su control a estas fechas. Ahora bien, el largo periodo de confinamiento y distanciamiento social, ocasionó primeramente una crisis de liquidez por el desempleo y cierre de operaciones comerciales de sectores no prioritarios, que terminó con los pocos ahorros de individuos y empresas, principalmente PYMES.

En segundo término este confinamiento social ha golpeado la confianza del consumidor, y con ello los ingresos de diversos sectores comerciales, industriales y de servicios.

En tercer lugar, la escasez de operaciones comerciales y  la limitación en actividades productivas del sector industrial ha incidido en  forma negativa en los planes de inversión de diversos entes económicos, por si ello fuera poco, el Gobierno Federal ha continuado con su política de austeridad, para evitar con ello la adquisición de deuda pública, sin embargo su proceder ha profundizado la recesión económica que ya estaba presente desde el 2019.

Ante los efectos continuados del distanciamiento social como medio de control del virus, las actividades cotidianas continuan incidiendo de manera adversa en las actividades económicas de la nación. A pesar de la disminución de la tasa de interés por parte de Banxico, ahora en 4.25% a partir del 24 de septiembre 2020, la crisis ha ocasionado reducción del límite de crédito de la banca comercial, y reducción en el uso de tarjetas de crédito y débito por parte de los consumidores, esta cautela ha ocasionado también que las solicitudes de créditos para adquisición de automóviles, préstamos personales y nómina también hayan sufrido una baja importante.  

El periodo de gracia otorgado por la banca comercial para diferir el pago de créditos ha terminado, pero la epidemia y sus efectos adversos continuan y ya los bancos se alistan para enfrentar una cartera vencida mayor, por la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus obligaciones. Después de la crisis de liquidez ahora se enfrenta una crisis de solvencia que se espera derivará en una crisis financiera. 

Esta disminución de actividades económicas también ocasiona que las entidades recaudadoras de contribuciones vean disminuido su ingreso.  Ya el FMI (Fondo Monetario Internacional) y otros organismos financieros internacionales han aconsejado incrementar apoyos fiscales a familias y Pymes , los préstamos a la palabra ofrecidos por la SE a través del IMSS fueron insuficientes y de poco interés para empresas e individuos, que apenas representan un 0.69% del PIB,  dar una mayor cobertura social de los habitantes al introducir un seguro de desempleo, el establecimiento de una reforma fiscal en el mediano plazo y reorientar el gasto público de sectores poco productivos como la refinación de hidrocarburos con la suspensión en la construcción de obras como la refinería de PEMEX hasta el momento en que sea más redituable.

En fin, muchas de las recomendaciones económicas para afrontar esta crisis, incluyendo las advertencias y recomendaciones de su propio banco central BANXICO, han sido ignoradas, en parte por desconocimiento y en parte por dar continuidad a una política pre-pandemia para el cumplimiento de promesas de campaña electoral.

Por lo que se  espera:

  • Una recuperación económica más tardía por el quiebre inminente de empresas de todo tamaño en donde mayoritariamente serán PYMES, muchos emprendimientos familiares entre ellos, por la erosión económica que ha dejado el paro de actividades como medida sanitaria para el control de la epidemia.
  • Agrandamiento de la brecha económica, habrá un mayor empobrecimiento de la población más vulnerable como son mujeres, población rural y trabajadores informales entre otros.
  • Niveles elevados de deserción escolar 
  • Postergación de la inversión nacional y extranjera, que puede llegar hasta niveles de su total cancelación.
  • Desempleo que persistirá en el tiempo
  • A pesar de que BANXICO ha contenido la inflación, esta ha rebasado su tope, y lo peor sería un caso de estanflación, es decir incremento del nivel general de precios acompañada por decrecimiento económico.
  • Decrecimiento del crédito y aumento del riesgo de impago de los contratos crediticios ya existentes
  • Menores ingresos fiscales, con lo que se espera una recaudación punitiva y una reforma fiscal suficientemente fuerte que permita sufragar el déficit fiscal creado por la epidemia.
  • Afectaciones sociales y psicológicas derivadas de epidemia y del decrecimiento económico asociado, entre otros los niveles de criminalidad reflejarán un incremento considerable.

Hasta aquí nuestras conclusiones, pues el panorama pudiera resultar desesperanzador y este no el objetivo. La CEPAL y el BID anunció una recuperación económica muy baja, el Gobierno Federal rechazó tajante esta postura, aduciendo que los modelos que se usan para medir la riqueza son anacrónicos. Lo cierto es que, a pesar de los indicadores macroeconómicos y/o otros indicadores alternativos, la mejor medida para comprender la recuperación económica, es el dinero que los habitantes tienen en el bolsillo. 

El objetivo de este documento es para concientizar a empresas e individuos a tomar las previsiones necesarias para afrontar de la mejor forma este escenario negativo que persistirá por un largo periodo de tiempo.

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AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO

Aumento al salario mínimo

A  partir del 1 de enero 2019, el salario mínimo tendrá un incremento del 16%, de esta forma el salario mínimo quedará en 102.6 pesos en todo el país y 176.7 en municipios de la frontera norte.

Desde el año 1996 el salario mínimo no había tenido un incremento de semejante proporción. El jefe del ejecutivo, aseguró que el objetivo de esta propuesta es la de mejorar un poco el bienestar individual, devolviendo un poco del poder adquisitivo del salario perdido durante todos estos años, pero de una manera responsable, siguiendo recomendaciones de Banxico,  para evitar que la inflación se dispare.

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DESAPARECE EL SEGURO POPULAR

Seguro Popular

En conferencia de prensa del 14 de diciembre 2018, el ejecutivo federal anunció la desaparición del programa Seguro Popular, para ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Los detalles los ofrecerá en la presentación del programa en Mérida, Yucatán.

Recién se celebró el pasado 12 de diciembre el Día Internacional de la Salud Universal, y se sabe que México se encuentra, aunque muchos no lo crean, dentro de los primeros 20 sistemas de salud del mundo en cuanto a cobertura universal, por encima de naciones como Reino Unido, Holanda y Suecia. Los tres primeros lugares en cuanto a sistema de salud los tiene Hong Kong, Singapur y España. Situación que difícilmente es comparable, pues el tamaño del territorio de nuestro país y su complejidad social, hacen que el abastecimiento de sistemas de salud se vea demeritado en México tanto por los datos relativos a su dispersión geográfica, como por los factores de desigualdad y por qué no decirlo, por efectos de la corrupción y del robo y mal uso de medicamentos y/o suministros que incrementan el gasto per cápita, pero aumentan la percepción de deficiencia.

Países como Suiza, no tienen un sistema de salud público como tal, todo el sistema de seguridad es privado y se realiza mediante la cobertura de seguros que la población debe obligatoriamente adquirir. El costo de la manutención de los sistemas de salud consume una parte enorme del presupuesto de una nación.  España, por ejemplo, tras la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria del 2008 al  2014 ha sentido los efectos más fuertes provocados por el enorme gasto público en materia de salud, que ha tenido que afrontar mediante el incremento en los impuestos al consumo y la aplicación de políticas de austeridad severas. 

Esperemos el anuncio del nuevo programa de salud por parte del ejecutivo, y sobretodo del proceso de manutención y financiación del sistema de salud mexicano en el futuro. 

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Ya ganó AMLO, ¿y ahora qué debemos esperar?

 

Tras el proceso electoral del 1 de julio, los resultados fueron: el ganador el abstencionismo con más de un 38% y en segundo lugar AMLO el presidente electo.

En la semana siguiente ya se perfilan titulares y funciones de gabinete en el  ámbito financiero y de seguridad social: Edgar Amador como director del SAT, Gerardo Esquivel como Subsecretario de Egresos de la SHCP, Arturo Herrera como Subsecretario de SHCP, Germán Martínez como director del IMSS.

Por otro lado la CONCAMIN aseguró irá de la mano con el nuevo gobierno, pero no dejará de colocar el dedo en el renglón sobre política industrial para que sea incluyente y o del empleo formal.  

El CEESP por su parte considera improrrogable el fortalecimiento del mercado interno ante la incertidumbre de la supervivencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; pues ya se habla de conversaciones entre los Gobiernos de Canadá y EUA, respecto a los cambios de escenario por la elección de un gobierno de izquierda. 

Por otro lado aún son vagas las noticias sobre alguna reforma fiscal, se contempla la posibilidad de reducir IVA en la zona fronteriza algunos especialistas cercanos al nuevo gobierno incluso hablan sobre la creación de cargas tributarias al patrimonio. En el transcurso de meses venideros veremos con mayor claridad el desarrollo y propuesta de nuevas políticas.  Por el momento dentro de la primer quincena de julio el peso mexicano se encuentra en su mejor nivel respecto al dólar. 

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FINTECH, las autoridades mexicanas aún no comprenden su dinamismo.

Las FINTECH o ‘FINANCIERAS TECNOLÓGICAS’ son aquellos entes que se especializan en ofrecer soluciones financieras a través de la web, redes sociales y apps. En el último lustro su crecimiento ha sido exponencial, tanto en tamaño, como en número de entes económicos ofreciendo servicios que van desde pagos y remesas, crowdfunding y seguros hasta educación financiera y trading de activos virtuales.

Son muy atractivas ya que su fácil acceso a través de dispositivos móviles y uso de la tecnología de información y telecomunicaciones, eliminan la necesidad de acudir a una sucursal física, la innovación de sus soluciones y flexibilidad las hacen favoritas del público, sobretodo del público joven, muy involucrado en TIC’s y con poca confianza en los sistemas financieros tradicionales de quien difícilmente pudieran lograr un crédito.

En México existen poco más de 150 FINTECH, sin embargo gran parte de legisladores, autoridades de gobierno, sector financiero regulado y fedatarios públicos desconocen, en ocasiones por completo, la operación, función y/o constitución de estos modelos novedosos. En muchos casos por que la autoridad se enfrenta a una nueva tecnología que hace uso de economía colaborativa y servicios persona a persona (p2p), y no sabe como integrarla a la regulación del sistema financiero formal, sin truncar su dinamismo, por otro lado el sector financiero formal le da la espalda a estos emprendedores que le representan una competencia directa y desde su particular punto de vista ‘desleal’, y por otra parte muchos notarios públicos no saben o se atreven a constituir una entidad económica que aparentemente se constituye para prestar servicios limitados únicamente a un sector financiero regulado por la CNBV.

Es febrero 2017 y la iniciativa de Ley Fintech, aún se encuentra en el Congreso sujeta a estudio. Su objetivo, según explica el ente regulador financiero en México, es fomentar una mayor inclusión e innovación financiera, proteger al consumidor, preservar la estabilidad financiera, promover una sana competencia en el sector y cumplir con estándares mínimos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD / FT)

Lo cierto es que los servicios digitales financieros, a través de estos modelos novedosos, avanzan a pasos agigantados en el mundo y México no es la excepción. Las autoridades mexicanas deben aprender rápidamente de estas tendencias tecnológicas.

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Los EFOS le inquietan, SAT

Como lo mencionamos en el artículo “ ARTÍCULO 69-B CFF NO VIOLATORIO DEL DERECHO SEGURIDAD JURÍDICA.- anunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” del pasado 7 de febrero fue improcedente el amparo que presentó el Grupo Impulsor del Sur, encargado de la nómina de Oceanografía, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que los listados en donde se le incluía como una Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas (EFOS) y determinados en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF)  no respetaba su derecho de seguridad jurídica.

Con su resolución, la SCJN fortalece la actuación del SAT en su proceso de recaudación y verificación.

Los EFOS, son lo que en el argot fiscal se le conoce como ‘empresa fantasma’, aquélla entidad económica con operaciones inexistentes, que emite CFDI por operaciones no realizadas, sin personal ni activos para llevar a cabo su objeto social, con ingresos desproporcionados, sin domicilio para su localización, lo que sólo le convierte en un nombre con atributos fiscales para emitir comprobantes fiscales, que se ‘venden’ a otras entidades económicas para deducir operaciones simuladas. Estos últimos son conocidos como EDOS (Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas)

El objeto de esta simulación, no es otro que incrementar o crear indebidamente gastos deducibles para efectos fiscales, solicitar devoluciones de IVA, encubrir contrabando o coadyuvar en el proceso de lavado de dinero.

Este esquema indebido es perseguido por el SAT, con base en las atribuciones que se le han concedido publica periódicamente una lista de presuntos EFOS que puede consultar aquí

Según GAFI* México tiene un régimen PLD /FT maduro, sin embargo enfrenta un riesgo significativo de lavado de activos proveniente de las actividades más generalmente asociadas con la delincuencia organizada como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.

No se persigue el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática como un objetivo de las políticas. No se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado (y estos incluye a Servidores Públicos acusados de malversación de fondos y enriquecimiento inexplicable). La implementación en algunas áreas sigue siendo una preocupación debido a la falta de capacidad del SAT y a la alta rotación de los funcionarios jerárquicos.

Igualmente GAFI* señala que los niveles significativos de corrupción que afectas a las autoridades del orden público, en particular del sector estatal, socavan su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves. El producto y los instrumentos del delito pocas veces son decomisados y no se persiguen como un objetivo de las políticas.

En su comunicado  GAFI* señala que una gran cantidad de recursos se lavan a través de la inversión en negocios lícitos, incluso a través de la creación de sociedades pantalla, testaferros y mediante el uso de montos considerables de efectivo en sectores económicos diversos. GAFI* asegura que el SAT, estima que el monto de la evasión y el fraude fiscal en México asciende a un total de $24 mil millones de dólares al tipo de cambio de 2012.

Para GAFI*, la base para la apreciación de riesgo del SAT no está plenamente desarrollada y dada la gran cantidad de entidades por la cuales el SAT es responsable, representa un desafío material para la comprensión del riesgo del País. Descargue el Informe de Evaluación Mutua para México, preparado por el GAFI* liberado el 3 de enero 2018. 

Tras la liberación del Informe de Evaluación Mutua de GAFI* para México, nos queda mucho más claro, elporque las EFOS y EDOS asustan tanto al SAT.

*GAFI = Grupo de Acción Financiera Internacional

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