FIBRAS, nociones de su régimen fiscal

En artículos anteriores ‘FIBRAS, modelo estrella de inversión en riesgo’ y ‘Fibras, si no eres inversionista ¿porqué te deben de interesar?’, expusimos el concepto de FIBRA y la situación de riesgo que Banxico había detectado en el mercado de valores con la negociación de los certificados. Ahora hablaremos del tratamiento fiscal de las fibras que es también el origen de estos fideicomisos.

También queremos destacar que para el público inversionista interesado en los bienes raíces, existen alternativas de menor costo y cuantía, a las FIBRAS, como son la copropiedad y el fideicomiso.

Para 2004 se incorporó a la Ley del Impuesto sobre la Renta el Capítulo III referente a los estímulos fiscales a fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles destinados al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como su financiamiento. El objeto de este estímulo era aprovechar la inversión de fondos de pensiones extranjeros en el fomento del mercado inmobiliario.

El régimen fiscal aplicable a las Fibras, está determinado en los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto sobre la renta, LISR, en el referido Capítulo III. En realidad su tratamiento fiscal es muy simple, pues está determinado paso a paso dentro del Artículo 188 de LISR de la siguiente manera.

A su vez, el resultado fiscal que le corresponde a los inversionistas, estará sujeto a los siguientes beneficios y obligaciones.

Adicionalmente para crear una FIBRA, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

Asimismo, deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Fideicomisos de conformidad con las Reglas expedidas por el SAT, y deberá repartir por lo menos una vez al año antes del 15 de marzo al menos el 95% del Resultado Fiscal del ejercicio inmediato anterior que haya generado los bienes integrantes del fideicomiso.

El patrimonio del Fideicomiso al componerse de la aportación de bienes inmuebles y dinero a través de la colocación de Certificados  y de la colocación de estos entre el gran público inversionista, le imprime una dualidad en materia fiscal y financiera cuyo objetivo no pretende ser analizado exhaustivamente en este artículo, pero que incrementa la atención y cuidado debido en la determinación del resultado del fideicomiso y sus certificados, así como en la distribución del resultado fiscal a los inversionistas.

Nuestro área de consultoría fiscal se encarga, entre otras funciones de las siguientes:

•La contabilidad del fideicomiso y determinación de valores de aportación

•determinación de su resultado fiscal

•cálculo de impuestos generados

•la determinación de la distribución del resultado fiscal a los inversionistas y su retención fiscal.

•la declaración informativa

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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, Artículos en materia PLD / FT

Al público interesado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, presentamos una recopilación de nuestros artículos en la materia, mismos que hemos publicado desde 2011.

El concepto PLD / FT, es de especial interés para los entes financieros supervisados por la CNBV. La información está orientada a Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, abogados y demás profesionales relacionados PLD / FT.

Además de temas relativos al cumplimiento de obligaciones en materia PLD / FT supervisadas por la CNBV y requisitos para obtener y renovar el registro , también ofrecemos artículos relativos a la LFPIORPI* de cumplimiento obligatorio para los sujetos que realizan operaciones vulnerables.

 

*LFPIORPI.- Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aquí nuestra guía de Artículos en la materia:

AUDITORÍA Y NORMAS PLD / FT

Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, atribuciones indebidas a la UIF

CERTIFICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. CNBV

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, ¿abatirá casos PANAMA PAPERS?

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, origen y objetivos

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, directrices mundiales

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, la normatividad en México

AUDITOR EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, requisitos

PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos

OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NO APROBARON LA CERTIFICACION PLD / FT, CNBV

PLD / FT, Multas y sanciones

SISTEMAS AUTOMATIZADOS PLD / FT – IT, riesgo y control interno

PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos

DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE PLD / FT, ¿en qué consiste?

OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES E INTERNAS PREOCUPANTES, resolución del DOF 30 mayo 2016

PLD / FT, obligaciones mínimas

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, ¿qué es? y ¿cuáles son sus funciones?

BANCOS NIEGAN SERVICIOS A SOFOMES, SOFIPOS Y CENTROS CAMBIARIOS, se les califica de riesgosos

CENTROS CAMBIARIOS, modificaciones a disposiciones de carácter general

LAVADO DE DINERO, nuevo acuerdo México y E.U.

CONCEPTOS BÁSICO DE PLD FT

LAVADO DE DINERO AMENAZA CRECIENTE, conceptos básicos

LAVADO DE DINERO.- Organismos mexicanos encargados de combatirlo

TERRORISMO, concepto y tipificación de s financiamiento en México

México en el combate al financiamiento del terrorismo y lavado de dinero

LAVADO DE DINERO Y TERRORISMO, sus diferencias

MONEY LAUNDERING,- EL costo económico Estados Unidos -México

LAVADO DE DINERO Los costos económicos en la Esfera internacional

OFF-SHORE, ¿qué son los paraísos fiscales?

LFPIORPI 

LFPIORPI, reforma al formato oficial para actividades vulnerables

Cambios sugeridos a la LFPIORPI en 2019

LFPIORPI Y REGULACIÓN PLD/FT FINANCIERA, similitudes y diferencias

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, ¿presenta sus reportes?

LEY ANTI LAVADO DE DINERO, hoy entra en vigor

LAVADO DE DINERO.- Ley Antilavado

LAVADO DE DINERO EN MEXICO Y LA PROFESIÓN CONTABLE

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La Guerra contra los gorriones, las ocurrencias que deberían dejar enseñanzas para México

China, año 1960, la Revolución Roja está en todo su apogeo en el gigante asiático, el gran Salto Adelante 大跃进, anunciado por el Presidente Mao Zedong se ha propuesto basar el desarrollo económico, político y social de ese país que hasta ese entonces vivía en un modelo económico agrícola de tipo feudal con un grado de pobreza extrema y analfabetismo del 80%.

Preocupado y con buenas intenciones, al menos así lo percibían la ciudadanía más desfavorecida, el Presidente Mao, se propone mejorar las condiciones económico-sociales de la población que bajo el dominio de un régimen monárquico favoreció el poderío y riqueza de la nobleza y demás grupos de privilegio sobre una gran proporción de la  población en situación miserable.

La población rural vive condiciones de extrema pobreza con una producción agrícola insuficiente y en muchos casos, de subsistencia únicamente. La agricultura e industrialización del país están muy lejos de alcanzar los niveles de producción de países desarrollados.

El Gran Líder se pregunta ¿cuál es la razón de la baja producción de las cosechas?, y entonces llega a varias conclusiones: la migración del campo a la ciudad, carencia de una forma centralizada y comunal de producción, poco financiamiento al uso agrícola y….las plagas.

En el área industrial, el Líder del también partido Popular, comparó el desarrollo de  diversas naciones al finalizar la 2a. Guerra mundial, y se percató que la Gran Bretaña, producía una gran cantidad de acero. Llegó a la conclusión que la producción masiva de acero y su uso industrial le permitiría sacar de la pobreza a cientos de millones de chinos. Es así, que se enfrascó en la creación de ‘hornos de fundición’ colectivos, en cada comuna y cada pueblo. Incluso los campesinos fueron reclutados para esta nueva y naciente industria, la fundición. Sin ningún conocimiento, ni tecnología se instalaron hornos domésticos de fundición cuyo fuego se alimentaba con carbón vegetal, leña, muebles, partes de casas e incluso basura y desperdicios, se obligó a la gente a donar objetos metálicos de todo tipo, utensilios de cocina y herramientas.

El Presidente Mao analizó todas las plagas que diezmaban los cultivos, consideró que la más devastadora de ellas eran los gorriones. 

Si, el gorrión, esa ave pequeña de la familia Passeriforme de pico grueso y fuerte de tipo granívoro, con amplia distribución en Asia.

Una vez identificado al ‘enemigo’, se inicia la llamada Guerra contra los gorriones, la población de la China rural se enfrascó en la destrucción de esa ave, que según el  Gran Timonel, destruía las cosechas, causaba hambrunas y evitaba que la producción agrícola alcanzara niveles de autonomía alimentaria. Hombres, mujeres, y niños, se enfrascaron en exterminar estas aves, toneladas de explosivos se usaron para su destrucción en masa, incluso había premios para aquél que matara la mayor cantidad de aves.

El resultado: un desastre ecológico, pues en la temporada siguiente la ausencia de aves rompió la cadena alimentaria y plagas de insectos, usualmente depredados por estas aves, devastaron  las cosechas. La hambruna azotó al país, más de 23 millones de personas muertas de inanición entre 1958 y 1962 fueron reconocidas tardíamente por el Gobierno Central en 1988.

Con el proceso empírico de fundición de acero, no hubo mejores resultados, fue un completo desastre, se obtuvo hierro fundido con aleaciones de muchos otros metales e impurezas, al parecer, el Presidente Mao no sabía sobre los detalles técnicos del proceso de fundición ni sobre los logros del Ingeniero Bessemer en la fabricación de acero a escala industrial.

Su política del Gran Salto Adelante, fue más bien de retroceso económico y social, el descontento llevó a que los grupos antagónicos del Partido Popular Chino, lo apartaran del control estatal, poder que retomó nuevamente en 1964 con su  Revolución Cultural apoyado en su ejército rojo de adolescentes.

El Presidente Mao, se empecinó en hacer realidad una utopía basada en ocurrencias pseudo-científicas y elementos simbólicos de una soberanía mancillada por el Colonialismo de siglos anteriores, supuesto combate a la corrupción que únicamente sustituyó a los actores corruptos, eliminación de la propiedad privada y todo vestigio de liberalismo económico, la colectivización de la agricultura y los medios de producción que agravaron los problemas que pretendía resolver, creación de un enorme aparato burocrático consumidor de recursos y de poca efectividad, cerrazón al cambio de rumbo en sus políticas públicas ante los malos resultados de su gestión, oídos sordos, e incluso castigo a los opositores, a las necesidades de los ciudadanía y la destrucción de su propia autonomía para crear dependencia del estado,  adjudicación de la culpa de sus malos resultados a gobiernos anteriores, el Imperio y la posterior República del Kuomintang y a gobierno extranjeros enemigos al régimen, así como la creación de una nueva estructura social igualitaria y no individualista.

La solución de Mao, fue una medicina muy amarga y hasta contraproducente para una crónica enfermedad económica, política y social que tenía su origen desde siglos atrás. Tras la muerte del Presidente Mao en 1975, China dio un cambio de rumbo, su crecimiento no se dio de inmediato, pero es la nación que tras abandonar  su oxidado sistema socialista, ha logrado crecer a niveles asombrosos y sacar de la pobreza a la mayor cantidad de personas. Si ‘el Gran Timonel’ se levantara de su ataúd de cristal, y viera el rumbo actual de China, caería muerto de nuevo.

¿Qué debe aprender México sobre la historia de esta nación?

No importa si el gato es blanco o negro, mientras sea un buen gato y cace ratones. Deng Xiao Ping (Jefe de Estado y Dictador)

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¿Desabasto de gas y maíz? Una historia que se repite

El pasado 2 de julio, el titular del ejecutivo externó el anuncio de la imposición de un precio tope al gas LP para controlar su continua alza, además se refirió a la importación de maíz para contener la escalada de precios.

Es innegable que el Presidente está comprometido a reducir la tasa de inflación del país, sin embargo, el control de precios por decreto, de ninguna forma es la mejor solución. No se trata de un descubrimiento actual, todos sabemos que la fijación de un precio tope, genera distorsiones en los mercados, causando desabasto y una oferta paralela no regulada con precios altos, que conocemos como mercado negro.

Parece ser que la escasez en México, de productos de primera necesidad de los inicios de la década de los 80, se ha olvidado. En esos años, debido a la fijación de precios máximos se llegó al desabasto de varios productos de consumo básico, como la leche, azúcar, maíz, huevo, gas LP, los dentífricos incluso, por mencionar algunos. Así como al surgimiento de ventas atadas, como lo era condicionar la venta de 2 litros de leche, sólo a los consumidores  que compraran cierta cantidad de otros productos.

En otros países de Latinoamérica tenemos muchos ejemplos más recientes, como el desabasto reciente de carne en Argentina, y en Venezuela de muchos suministros de uso cotidiano, por mencionar sólo algunos.

La escalada de precios, en el gas LP, debe controlarse a través de diversos mecanismos de política regulatoria y no únicamente atenerse a la fijación de un precio topado, que obedece a una política simplista de control de un bien determinado por mecanismos más complejos. El control de precios tendrá un efecto inmediato y contundente, en el corto plazo, pero ocasionará problemas mas serios de distorsión en los mercados y desabasto.

El precio del gas se ve impactado por diversos factores, como lo son la determinación de un precio de referencia internacional, el precio del dólar a nivel internacional,  los costos en los mecanismos de recepción, transporte, envasado y almacenaje donde su precio será afectado por costos de fletes, salarios, derechos, impuestos, seguros, fianzas, electricidad, etc. Asimismo deberá analizarse el sano nivel de competencia económica entre las entidades que comercializan el gas LP para evitar la ganancia especulativa por colusión de los oferentes.

Asimismo el nivel de precios de combustibles, como el gas LP, obedece a ciclos económicos y de precios, con la epidemia el precio bajó por poca demanda, y tras la gradual liberación de actividades económicas e industriales la demanda aumenta.

Situación semejante se ve reflejada en el precio de referencia internacional del maíz, que ha tenido un aumento en el último mes del 14.6% según análisis de la FAO, lo que ha ocasionado un incremento anual de un 111%, esto debido a poca oferta interna en varios países y aumento en la demanda de China. Por lo que la importación de maíz, con precios internacionales elevados no remediará la escalada de precios. Así que el precio de la tortilla seguirá las tendencias de precios mundiales.

No es mero capricho o disconformidad de tecnócratas, como refirió el Presidente.

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Riesgos de una Reforma Constitucional

Con casi una treintena de amparos otorgados contra la recién modificada Ley de la Industria Eléctrica, ha comenzado la batalla legal que pretende desechar la controversial política en materia energética que impulsa el Gobierno de la 4T.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipándose a que la Suprema Corte de Justicia, considere esta ley anti constitucional, amenaza ahora con Reformar la Constitución.

Pero, ¿cuales son los riesgos de una Reforma Constitucional propuesta por el poder ejecutivo de forma tan precipitada?

Le preguntamos su opinión a un experto, al Doctor en Derecho, Catedrático de la Universidad de Valencia y Colaborador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , Abogado Carlos Tormo Camallonga y esta fue su respuesta:

Cualquier ciudadano mínimamente instruido en la Ciencia del Derecho sabe que toda norma jurídica es una moneda de dos caras que representan cada una de ellas la justicia y la seguridad jurídica. La primera da lugar a disquisiciones eternas y sin conclusiones definitivas ni inmutables; la segunda, no tanto, en la medida en que la podemos definir, simplemente, como la “certeza del derecho”, en su conocimiento y en su aplicación. La justicia y la seguridad son elementos que no pueden entenderse por separado. 

Dejando, con nuestro mayor respeto, para filósofos y demás estudiosos de la ética y la moral, el alcance de lo que puede entenderse por justicia, cualquiera de nosotros sí está suficientemente capacitado para entender la seguridad jurídica como la garantía que el Estado concede al ciudadano de que sus derechos y libertades no van a ser manoseados arbitrariamente ni por los otros ciudadanos ni mucho menos por la Administración Pública. En este sentido, toda norma jurídica requiere de un mínimo de estabilidad en su vigencia y aplicación, de manera que todo cambio al respecto debe venir precedido de un amplio consenso social sobre su oportunidad.

A todos estos efectos no está de más recordar que la Constitución mexicana no es precisamente un texto sencillo de interpretar en todas sus posibilidades, sino más bien todo lo contrario, algo especialmente acentuado cuando hablamos de su reforma Y así es hasta el punto de que a día de hoy los estudiosos de la materia no se ponen de acuerdo ni siquiera en el número de alteraciones que ha sufrido a lo largo de los años. 

Es obvio que toda evolución o cambio de la sociedad, por mínimo que sea, requiere de una legislación que se adapte a las nuevas sensibilidades. En este punto la doctrina constitucionalista conviene en que nuestra carta magna es razonablemente receptiva en tanto que permite reformarse, y más en concreto adicionarse, sin necesidad de superar trámites excesivamente gravosos. Contrariamente, la ambigua redacción de muchos de sus artículos, y muy especialmente del 135, y en tantos puntos, solo puede resultar aceptable para los intereses ciudadanos, y nacionales en su conjunto, desde la exquisita responsabilidad política de todos y cada uno de los órganos con voz y voto en la alteración del texto constitucional. Y una de las principales objeciones sobre este artículo es la concreción de los órganos o entidades legitimados para presentar la iniciativa de reforma constitucional, como quedó claramente expuesto en 1982 con motivo de la reforma del artículo 28 para que el servicio de banca y crédito fuera brindado exclusivamente por el Estado.  

Al margen de la oportunidad o no de esta reforma en la coyuntura económica del momento, la iniciativa de López Obrador puede sentar un peligroso precedente, como es el de todo Presidente de la República pueda sentirse legitimado para reformar la Constitución en la consecución de unos objetivos que, de por sí, son ideológicos y, por lo tanto, susceptibles de mutar cada seis años. Se estaría abriendo la caja de los truenos y lo que es peor, se estaría lanzando un mensaje de peligrosa discrecionalidad por parte del Presidente de la República que rozaría la arbitrariedad y, en consecuencia, el abuso de poder. Lo podríamos entender cuando el Presidente era el jefe del partido hegemónico, pero consideramos que resulta del todo inapropiado en una democracia representativa y multipartidista como es la actual.  

En la consecución de las legítimas pretensiones, todo protagonista en el gobierno de la República debe ensayar cualquier instrumento a su alcance, dentro del ordenamiento jurídico, antes de proceder a la reforma de la Carta Magna. Este debería ser el último de los recursos al que acudir. Una simple sentencia en primera instancia por la jurisdicción ordinaria en absoluto puede desencadenar semejante turbulencia política. Es más, toda sentencia judicial permite un replanteamiento de la cuestión; es una invitación a la reflexión. De lo contrario, si cada pronunciamiento judicial que objeta cada decisión política de cuestionable constitucionalidad es acallado por la correspondiente reforma propiamente constitucional ad hoc, flaco favor le estamos haciendo a la democracia mexicana, en tanto que pretendemos un poder judicial sometido a los designios del partido político y/o del Presidente de turno. 

Al margen de la oportunidad de la iniciativa legislativa de López Obrador, en la que no entramos, una reforma de semejante calado y repercusión nacional e internacional, requiere de una discusión detenida. Es cierto que ello requiere de no poco tiempo, pero no lo es menos que la Norma Suprema siempre debe ser fruto del consenso entre todos los implicados, y como no del pueblo. 

El sosiego normativo siempre es un mensaje de madurez democrática e institucional tanto a la ciudadanía en general como a la comunidad internacional. Y si el texto constitucional mexicano no es lo que demanda una sociedad moderna como la nuestra necesita, no cabe más que su oportuna reforma integral, cuando no una nueva Constitución? Mientras tanto, es del todo contrario a los intereses mexicanos perpetuar unas prácticas propias de un régimen monolítico de partidos que, aunque hay consenso en dejar atrás, parece que algunos se resisten. Aunque dudamos, no cuestionamos la legalidad de la reforma, pero sí discrepamos, y radicalmente, de su oportunidad. 

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Reforma Constitucional ¿generadora de desconfianza?

 

En estos últimos meses, el Presidente de México, se encuentra de muy mal humor, parece nada salirle bien. La epidemia no cede, las vacunación se retrasa, los partidos políticos de oposición forman un bloque para evitar que su partido ocupe escaños en el Congreso y con ello se diluya el respaldo del órgano legislativo al cumplimiento de su mandato. Por si ello fuera poco, sus planes de Reforma al Sector energético se han topado de frente con las decisiones de jueces y magistrados que han otorgado amparos a las empresas particulares que se ven afectadas por las restricciones que les impone la reforma a Ley de la Industria  Eléctrica.

Enero 2021 se remite al Congreso una Iniciativa de Proyecto para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que finalmente es aprobada por la mayoría de congresistas del partido oficial en el poder. 

El espíritu y objetivo primordial de esta iniciativa de Ley es la eliminación del Mercado Eléctrico Mayorista para dar prioridad a la entidad estatal, la Comisión Federal de Electricidad, por encima de los productores privados. La Comisión Federal de Competencia ya declaró anti-competitiva esta Ley pues favorece el comportamiento monopólico de la entidad en perjuicio de sus competidores privados. Adicionalmente la Ley es violatoria del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC. 

Ante la opinión negativa de organismos independientes , Don Andrés ha explotado contra las comisiones de competencia y de regulación, órganos autónomos, amenazádolas con fusionarlas, disminuir su presupuesto y desaparecerlas como solución final.  

El Presidente ahora también ve como enemigos, a jueces y magistrados del poder judicial, que han otorgado suspensiones temporales en favor de los afectados por esta Ley reformada. El proceso judicial apenas comienza y es de esperarse que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. 

A todas luces, la Ley es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 25 y 26 expone:

….”Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo….

Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013 …….”

Sabedor, Don Andrés, de que el máximo tribunal del país declare que la Ley de la Industria Eléctrica es contraria a la Constitución y la deseche, ha decido entonces que la solución más idónea será modificar la Constitución para no contrariarla con sus iniciativas. 

La modificación de la Constitución no es un proceso sencillo ni rápido. Según el artículo 135 establece que cualquier adición o modificación a la Carta Magna deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión y además contar con la aprobación de la mayoría absoluta, la mitad más uno, de los Congresos de los Estados de la República. En este momento ambos obstáculos los tiene resuelto el gobierno de la 4T, pues es mayoría de diputados Federales y 19 congresos  locales de los 32 son mayoría del partido dominante y sus aliados. Sin embargo, serán las próximas legislaturas quienes decidirán al respecto. Ya que las elecciones para designación de congresistas federales y algunos locales se efectuarán el próximo 6 de junio, aún se desconoce la tendencia definitiva en preferencias electorales, pero el descontento con el gobierno actual y su administración y manejo de la crisis epidémica ha dejado molestias que se reflejarán en las urnas.

Una modificación constitucional cuyo único objetivo sea ajustarla a legislaciones secundarias que dé ella emanan, genera intranquilidad en los gobernados, desconfianza en los inversionistas, y temor en los mercados financieros, toda vez que los capitales ‘huyen’ de los problemas o de la simple percepción de un entorno adverso.

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CODI, no alcanza los objetivos propuestos

Se cumple un año desde el lanzamiento de la plataforma CoDi, sin alcanzar ninguna de las expectativas que Banxico anunció con su lanzamiento.

A pesar de los esfuerzos de la banca comercial para subir a su clientela en la plataforma, de la publicidad en medios y de las múltiples alabanzas al CoDi en las conferencias diarias de la Secretaria de Economía, lo cierto es que los usuarios de la banca comercial no están interesados en usar la plataforma .

Ya habíamos dicho en nuestro análisis de hace un año, CoDi, ¿será posible el éxito anunciado por Banxico?, que CoDi no será una plataforma de pagos de adopción masiva en el corto y mediano plazo. 

Y el CoDi no será en lo absoluto un mecanismo que fomente la bancarización de un segmento de la población que simplemente está acostumbrada al pago en efectivo, en México más del 90% de las transacciones comerciales se realizan con pago en efectivo.

¿La razón?  Son muchas las razones que explican la baja adopción de la plataforma, entre otras, que no hay muchos negocios que acepten CoDi, y que los comerciantes no están interesados en la adopción de la plataforma ante el temor de que el SAT fiscalice sus operaciones; que se trata de un sistema complejo en comparación al pago con tarjeta, que sólo requiere presentarla, en ocasiones digitar un nip y firmar el voucher; los usuarios no bancarizados no tienen ningún incentivo para abrir una cuenta bancaria pues representan dificultades administrativas con las cuales no se quiere lidiar. En resumen podríamos decir que el alto nivel de operaciones comerciales informales es el principal freno de la inclusión financiera.

Si bien, no se han habilitado  los 18 millones de usuarios que Banxico pretendía para Septiembre 2020, si se ha logrado un total de más de 5 millones de aplicaciones descargadas. Sin embargo son menos de 225 mil cuentas, en todo un año, que han registrado un cobro; es decir sólo un 4.5% del total de aplicaciones descargadas.

La Asociación de Bancos de México asegura que fueron las medidas restrictivas para contener la pandemia, las que arruinaron la adopción de la plataforma. 

Lo cierto es que la baja adopción de la plataforma y su fracaso en el corto y mediano plazo se atribuye a que los usuarios de la banca ya cuentan con una tarjeta de débito para el pago, y los usuarios de tarjetas de crédito no tienen forma de asociarla para el pago con CoDi. Por su parte los consumidores que pagan en efectivo no ven necesidad de un mecanismo de pago alternativo.

Ya Gerardo Esquivel, Subgobernador de México se había referido al fracaso de la plataforma si no lograba mayor inclusión financiera, y tal situación ya es palpable pues CoDi, no es de interés masivo para la realización de transacciones economico-comerciales.

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KEKAS sin queso, los efectos de la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

Octubre 14, la SECRETARÍA DE ECONOMÍA en coordinación con la PROFECO, anunciaron conjuntamente  la prohibición en la comercialización de 23 presentaciones de quesos y yoghurt de varias marcas, entre las que se encuentran Caperucita, Fud, Nochebuena, Precissimo, Aurrera, Burr, Selecto Brand, Cremería Covadonga, Premier plus, Frankly, Galvani, Lala, Philadelphia, Los Portales, Zwan, Walter, Sargento y Danone. 

El motivo de esta prohibición, es el incumplimiento de diversos conceptos en su etiquetado en relación al contenido de grasas vegetales y caseinato en algunos casos, y en otros en relación a variaciones en el contenido expresado en la etiqueta con las porciones ofrecidas a la venta, en otros casos es la revelación del país de origen y en casos más polémicos está el contenido de diversos endulzantes en el yogurt de Danone. 

El titular de PROFECO, anunció en conferencia de prensa que fue la aplicación por primera vez de la Nueva Ley Federal de Infraestructura de la Calidad, que en este año 2020 viene a sustituir a la Ley sobre Metrología y Normalización.

La aplicación de esta ley ha venido a causar revuelo en estas empresas, que no se habían adecuado aún a los parámetros exigidos en la nueva normatividad. Es verdad, que en ocasiones los fabricantes no revelan adecuadamente los ingredientes que componen sus productos o bien falsean ciertos parámetros en cuanto a contenido  y proporciones. Ya diversos fabricantes han expresado su inconformidad en relación además se anunció que sus áreas regulatorias ya están en contacto con la autoridad para subsanar o aclarar las supuestas irregularidades.

Por su parte el PROFECO, menciona que las medidas tomadas obedecen a la protección en defensa de los consumidores. Los demás productores del ramo alimenticio, deberán poner la lupa en el etiquetado de sus productos para evitar sanciones futuras por parte de la autoridad. Si ves las barbas de tu vecino cortar…..

COPARMEX, se pronunció contra PROFECO, al tachar de infundada e irresponsable la prohibición en la comercialización de las marcas de lácteos sancionadas, al ver cierto tinte político en la aplicación de estas medidas, en plena pandemia cuando las autoridades sanitarias han atribuido el exceso de mortalidad por la COVID19 a factores alimentarios de los mexicanos.

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CRISIS FINANCIERA EN MÉXICO SERÁ DE MAYOR DURACIÓN Y PROFUNDIDAD

A pesar de las declaraciones vertidas por el Gobierno Federal de México, respecto a la disminución de la pandemia y a la salida de la crisis económica derivada de la contingencia. Lo cierto es que la recuperación económica de nuestra nación es todavía incierta, aún con la reactivación de ciertas actividades sociales y laborales. ¿la razón? La epidemia se ha extenderá por un largo periodo de tiempo aún indeterminado, con la posibilidad de rebrotes y de una segunda oleada de contagios.

Se espera a la vacuna, sin embargo la inoculación de la misma no podrá ser masiva antes del verano 2021, sin contar que aún el día de hoy 8 octubre no existe evidencia científica de que los prototipos de vacuna en estudio a nivel mundial ofrezcan una inmunidad certera y duradera contra la COVID19.

La recuperación económica está sujeta al control de un complejo fenómeno biológico a escala mundial, que resulta pues impredecible su control a estas fechas. Ahora bien, el largo periodo de confinamiento y distanciamiento social, ocasionó primeramente una crisis de liquidez por el desempleo y cierre de operaciones comerciales de sectores no prioritarios, que terminó con los pocos ahorros de individuos y empresas, principalmente PYMES.

En segundo término este confinamiento social ha golpeado la confianza del consumidor, y con ello los ingresos de diversos sectores comerciales, industriales y de servicios.

En tercer lugar, la escasez de operaciones comerciales y  la limitación en actividades productivas del sector industrial ha incidido en  forma negativa en los planes de inversión de diversos entes económicos, por si ello fuera poco, el Gobierno Federal ha continuado con su política de austeridad, para evitar con ello la adquisición de deuda pública, sin embargo su proceder ha profundizado la recesión económica que ya estaba presente desde el 2019.

Ante los efectos continuados del distanciamiento social como medio de control del virus, las actividades cotidianas continuan incidiendo de manera adversa en las actividades económicas de la nación. A pesar de la disminución de la tasa de interés por parte de Banxico, ahora en 4.25% a partir del 24 de septiembre 2020, la crisis ha ocasionado reducción del límite de crédito de la banca comercial, y reducción en el uso de tarjetas de crédito y débito por parte de los consumidores, esta cautela ha ocasionado también que las solicitudes de créditos para adquisición de automóviles, préstamos personales y nómina también hayan sufrido una baja importante.  

El periodo de gracia otorgado por la banca comercial para diferir el pago de créditos ha terminado, pero la epidemia y sus efectos adversos continuan y ya los bancos se alistan para enfrentar una cartera vencida mayor, por la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus obligaciones. Después de la crisis de liquidez ahora se enfrenta una crisis de solvencia que se espera derivará en una crisis financiera. 

Esta disminución de actividades económicas también ocasiona que las entidades recaudadoras de contribuciones vean disminuido su ingreso.  Ya el FMI (Fondo Monetario Internacional) y otros organismos financieros internacionales han aconsejado incrementar apoyos fiscales a familias y Pymes , los préstamos a la palabra ofrecidos por la SE a través del IMSS fueron insuficientes y de poco interés para empresas e individuos, que apenas representan un 0.69% del PIB,  dar una mayor cobertura social de los habitantes al introducir un seguro de desempleo, el establecimiento de una reforma fiscal en el mediano plazo y reorientar el gasto público de sectores poco productivos como la refinación de hidrocarburos con la suspensión en la construcción de obras como la refinería de PEMEX hasta el momento en que sea más redituable.

En fin, muchas de las recomendaciones económicas para afrontar esta crisis, incluyendo las advertencias y recomendaciones de su propio banco central BANXICO, han sido ignoradas, en parte por desconocimiento y en parte por dar continuidad a una política pre-pandemia para el cumplimiento de promesas de campaña electoral.

Por lo que se  espera:

  • Una recuperación económica más tardía por el quiebre inminente de empresas de todo tamaño en donde mayoritariamente serán PYMES, muchos emprendimientos familiares entre ellos, por la erosión económica que ha dejado el paro de actividades como medida sanitaria para el control de la epidemia.
  • Agrandamiento de la brecha económica, habrá un mayor empobrecimiento de la población más vulnerable como son mujeres, población rural y trabajadores informales entre otros.
  • Niveles elevados de deserción escolar 
  • Postergación de la inversión nacional y extranjera, que puede llegar hasta niveles de su total cancelación.
  • Desempleo que persistirá en el tiempo
  • A pesar de que BANXICO ha contenido la inflación, esta ha rebasado su tope, y lo peor sería un caso de estanflación, es decir incremento del nivel general de precios acompañada por decrecimiento económico.
  • Decrecimiento del crédito y aumento del riesgo de impago de los contratos crediticios ya existentes
  • Menores ingresos fiscales, con lo que se espera una recaudación punitiva y una reforma fiscal suficientemente fuerte que permita sufragar el déficit fiscal creado por la epidemia.
  • Afectaciones sociales y psicológicas derivadas de epidemia y del decrecimiento económico asociado, entre otros los niveles de criminalidad reflejarán un incremento considerable.

Hasta aquí nuestras conclusiones, pues el panorama pudiera resultar desesperanzador y este no el objetivo. La CEPAL y el BID anunció una recuperación económica muy baja, el Gobierno Federal rechazó tajante esta postura, aduciendo que los modelos que se usan para medir la riqueza son anacrónicos. Lo cierto es que, a pesar de los indicadores macroeconómicos y/o otros indicadores alternativos, la mejor medida para comprender la recuperación económica, es el dinero que los habitantes tienen en el bolsillo. 

El objetivo de este documento es para concientizar a empresas e individuos a tomar las previsiones necesarias para afrontar de la mejor forma este escenario negativo que persistirá por un largo periodo de tiempo.

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20 diciembre fecha en que SAT despide a más de 2 mil burócratas

Con la reducción presupuestaria de la 4T, los puestos de trabajo de más de 2 mil empleados de confianza han sido suprimidos, por lo que el día de hoy 20 de diciembre, por la tarde, se les notificó del cambio en su situación laboral.

Los empleados afectados, señalaron que el encargado de la administración local de diversas zonas del país, les solicitó su renuncia voluntaria, sin posibilidad de recibir finiquito o liquidación. De no firmarse la renuncia voluntaria se procedería, de conformidad con la Ley Federal de los Trabajadores al servicios del estado, a su cese automático.

El jefe del ejecutivo, ya había anunciado desde hace tiempo la reestructuración presupuestaria de varias entidades gubernamentales, por lo que es el SAT, que inicia, este proceso de reestructuración de plazas laborales en atención a la disminución presupuestaria de otros tantos órganos de gobierno.

Dentro de los 50 lineamiento generales para el combate a la corrupción y aplicación de austeridad republicana, se planteó la reducción del 70% del personal de confianza del gobierno. Ahora bien, con respecto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado LFTSE el multimencionado artículo 8 establece que los trabajadores de confianza están excluidos del régimen regulado por esa ley, y sólo tienen derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y beneficios de la seguridad social determinados en el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En teoría sólo deben recibir finiquito por esta terminación laboral.

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