Reforma Constitucional ¿generadora de desconfianza?

 

En estos últimos meses, el Presidente de México, se encuentra de muy mal humor, parece nada salirle bien. La epidemia no cede, las vacunación se retrasa, los partidos políticos de oposición forman un bloque para evitar que su partido ocupe escaños en el Congreso y con ello se diluya el respaldo del órgano legislativo al cumplimiento de su mandato. Por si ello fuera poco, sus planes de Reforma al Sector energético se han topado de frente con las decisiones de jueces y magistrados que han otorgado amparos a las empresas particulares que se ven afectadas por las restricciones que les impone la reforma a Ley de la Industria  Eléctrica.

Enero 2021 se remite al Congreso una Iniciativa de Proyecto para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que finalmente es aprobada por la mayoría de congresistas del partido oficial en el poder. 

El espíritu y objetivo primordial de esta iniciativa de Ley es la eliminación del Mercado Eléctrico Mayorista para dar prioridad a la entidad estatal, la Comisión Federal de Electricidad, por encima de los productores privados. La Comisión Federal de Competencia ya declaró anti-competitiva esta Ley pues favorece el comportamiento monopólico de la entidad en perjuicio de sus competidores privados. Adicionalmente la Ley es violatoria del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC. 

Ante la opinión negativa de organismos independientes , Don Andrés ha explotado contra las comisiones de competencia y de regulación, órganos autónomos, amenazádolas con fusionarlas, disminuir su presupuesto y desaparecerlas como solución final.  

El Presidente ahora también ve como enemigos, a jueces y magistrados del poder judicial, que han otorgado suspensiones temporales en favor de los afectados por esta Ley reformada. El proceso judicial apenas comienza y es de esperarse que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. 

A todas luces, la Ley es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 25 y 26 expone:

….”Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo….

Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013 …….”

Sabedor, Don Andrés, de que el máximo tribunal del país declare que la Ley de la Industria Eléctrica es contraria a la Constitución y la deseche, ha decido entonces que la solución más idónea será modificar la Constitución para no contrariarla con sus iniciativas. 

La modificación de la Constitución no es un proceso sencillo ni rápido. Según el artículo 135 establece que cualquier adición o modificación a la Carta Magna deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión y además contar con la aprobación de la mayoría absoluta, la mitad más uno, de los Congresos de los Estados de la República. En este momento ambos obstáculos los tiene resuelto el gobierno de la 4T, pues es mayoría de diputados Federales y 19 congresos  locales de los 32 son mayoría del partido dominante y sus aliados. Sin embargo, serán las próximas legislaturas quienes decidirán al respecto. Ya que las elecciones para designación de congresistas federales y algunos locales se efectuarán el próximo 6 de junio, aún se desconoce la tendencia definitiva en preferencias electorales, pero el descontento con el gobierno actual y su administración y manejo de la crisis epidémica ha dejado molestias que se reflejarán en las urnas.

Una modificación constitucional cuyo único objetivo sea ajustarla a legislaciones secundarias que dé ella emanan, genera intranquilidad en los gobernados, desconfianza en los inversionistas, y temor en los mercados financieros, toda vez que los capitales ‘huyen’ de los problemas o de la simple percepción de un entorno adverso.

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CODI, no alcanza los objetivos propuestos

Se cumple un año desde el lanzamiento de la plataforma CoDi, sin alcanzar ninguna de las expectativas que Banxico anunció con su lanzamiento.

A pesar de los esfuerzos de la banca comercial para subir a su clientela en la plataforma, de la publicidad en medios y de las múltiples alabanzas al CoDi en las conferencias diarias de la Secretaria de Economía, lo cierto es que los usuarios de la banca comercial no están interesados en usar la plataforma .

Ya habíamos dicho en nuestro análisis de hace un año, CoDi, ¿será posible el éxito anunciado por Banxico?, que CoDi no será una plataforma de pagos de adopción masiva en el corto y mediano plazo. 

Y el CoDi no será en lo absoluto un mecanismo que fomente la bancarización de un segmento de la población que simplemente está acostumbrada al pago en efectivo, en México más del 90% de las transacciones comerciales se realizan con pago en efectivo.

¿La razón?  Son muchas las razones que explican la baja adopción de la plataforma, entre otras, que no hay muchos negocios que acepten CoDi, y que los comerciantes no están interesados en la adopción de la plataforma ante el temor de que el SAT fiscalice sus operaciones; que se trata de un sistema complejo en comparación al pago con tarjeta, que sólo requiere presentarla, en ocasiones digitar un nip y firmar el voucher; los usuarios no bancarizados no tienen ningún incentivo para abrir una cuenta bancaria pues representan dificultades administrativas con las cuales no se quiere lidiar. En resumen podríamos decir que el alto nivel de operaciones comerciales informales es el principal freno de la inclusión financiera.

Si bien, no se han habilitado  los 18 millones de usuarios que Banxico pretendía para Septiembre 2020, si se ha logrado un total de más de 5 millones de aplicaciones descargadas. Sin embargo son menos de 225 mil cuentas, en todo un año, que han registrado un cobro; es decir sólo un 4.5% del total de aplicaciones descargadas.

La Asociación de Bancos de México asegura que fueron las medidas restrictivas para contener la pandemia, las que arruinaron la adopción de la plataforma. 

Lo cierto es que la baja adopción de la plataforma y su fracaso en el corto y mediano plazo se atribuye a que los usuarios de la banca ya cuentan con una tarjeta de débito para el pago, y los usuarios de tarjetas de crédito no tienen forma de asociarla para el pago con CoDi. Por su parte los consumidores que pagan en efectivo no ven necesidad de un mecanismo de pago alternativo.

Ya Gerardo Esquivel, Subgobernador de México se había referido al fracaso de la plataforma si no lograba mayor inclusión financiera, y tal situación ya es palpable pues CoDi, no es de interés masivo para la realización de transacciones economico-comerciales.

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KEKAS sin queso, los efectos de la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

Octubre 14, la SECRETARÍA DE ECONOMÍA en coordinación con la PROFECO, anunciaron conjuntamente  la prohibición en la comercialización de 23 presentaciones de quesos y yoghurt de varias marcas, entre las que se encuentran Caperucita, Fud, Nochebuena, Precissimo, Aurrera, Burr, Selecto Brand, Cremería Covadonga, Premier plus, Frankly, Galvani, Lala, Philadelphia, Los Portales, Zwan, Walter, Sargento y Danone. 

El motivo de esta prohibición, es el incumplimiento de diversos conceptos en su etiquetado en relación al contenido de grasas vegetales y caseinato en algunos casos, y en otros en relación a variaciones en el contenido expresado en la etiqueta con las porciones ofrecidas a la venta, en otros casos es la revelación del país de origen y en casos más polémicos está el contenido de diversos endulzantes en el yogurt de Danone. 

El titular de PROFECO, anunció en conferencia de prensa que fue la aplicación por primera vez de la Nueva Ley Federal de Infraestructura de la Calidad, que en este año 2020 viene a sustituir a la Ley sobre Metrología y Normalización.

La aplicación de esta ley ha venido a causar revuelo en estas empresas, que no se habían adecuado aún a los parámetros exigidos en la nueva normatividad. Es verdad, que en ocasiones los fabricantes no revelan adecuadamente los ingredientes que componen sus productos o bien falsean ciertos parámetros en cuanto a contenido  y proporciones. Ya diversos fabricantes han expresado su inconformidad en relación además se anunció que sus áreas regulatorias ya están en contacto con la autoridad para subsanar o aclarar las supuestas irregularidades.

Por su parte el PROFECO, menciona que las medidas tomadas obedecen a la protección en defensa de los consumidores. Los demás productores del ramo alimenticio, deberán poner la lupa en el etiquetado de sus productos para evitar sanciones futuras por parte de la autoridad. Si ves las barbas de tu vecino cortar…..

COPARMEX, se pronunció contra PROFECO, al tachar de infundada e irresponsable la prohibición en la comercialización de las marcas de lácteos sancionadas, al ver cierto tinte político en la aplicación de estas medidas, en plena pandemia cuando las autoridades sanitarias han atribuido el exceso de mortalidad por la COVID19 a factores alimentarios de los mexicanos.

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