BANXICO, Aumento de tasa de Interés

Banxico anunció el incremento de un cuarto de punto, en la tasa de interés bancaria de referencia. La tasa de interés se ha colocado en 4.25% anual. 

El incremento se ha aprobado por mayoría en la Junta de Gobierno del Banco Central, como un elemento de política monetaria empleado para apuntalar la contención de la inflación, que ha superado las expectativas de inflación.

 El incremento inesperado de la tasa de interés, toma con sorpresa a varios sectores de la economía, pues tendrá ciertas repercusiones en el proceso de recuperación económica que la pandemia ha causado.

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¿Indicios de Estanflación?¿ La economía colapsará?

Por estanflación se entiende el fenómeno económico consistente en el crecimiento de la inflación, es decir, en el nivel general de precios y el estancamiento económico. 

El control y corrección de la estanflación, conlleva un enorme desafío para la autoridad al momento de aplicar políticas monetarias y fiscales. Pues las políticas que controlan el crecimiento generalizado de
precios afectan negativamente al crecimiento económico y la inversión, y por otro lado las políticas que promueven el crecimiento económico conllevan mayor aumento en el nivel general de precios. 

Con respecto al crecimiento económico del 5% para el 2021 expresado por el Secretario de Hacienda, no se trataría de un crecimiento propiamente dicho, sino de una recuperación de la caída en el producto interno bruto del 2020. Como bien saben las autoridades fiscales y monetarias el crecimiento económico requiere confianza por parte del consumidor y del inversionista. #el dinero huye de entornos adversos, y la implementación errática de políticas públicas en estas, ya de por sí complicadas, circunstancias epidémicas, y emisión de políticas que crean expectativas negativas en los aspectos políticos, judiciales, ataques a organismos autónomos, polarización social emanada desde el poder ejecutivo y eliminación de certidumbre a proyectos de inversión, entre otros, no favorece la fluida recuperación económica. 

 

El retiro de mas de $6mil 500 millones de dólares del país, por parte de inversionistas obedece más a las nerviosas expectativas por el aumento de tasas de interés en los Estados Unidos, que a factores internos del mercado mexicano.

Elementos previsibles en el aspecto económico son:

  • la recuperación económica no comenzará plenamente hasta que se logre el control de la epidemia Covid 19, la economía mexicana ademas, ya presentaba al cierre de 2019 un claro decrecimiento económico.
  • Las repercusiones económicas han golpeado de
  • manera desigual a la sociedad, no todos los sectores económicos afrontan el mismo grado de crisis económica y por consiguiente, los efectos económicos negativos han golpeado más fuerte a la población más pobre y vulnerable, entre esta población se encuentran las mujeres. En recientes anuncios el CONEVAL dio a conocer que la pobreza laboral aumento durante el primer trimestre del 2021 de 35.6 a 39.4% y el el ingreso real bajó 4.8% mientras que la canasta básica se incrementó en un 4%, con ello cerca del 50% de los trabajadores no pueden adquirir una canasta básica aún teniendo empleo.
  • La recuperación económica para el 2021 no será inmediata y acelerada, como lo describió en algún momento la autoridad hacendaria, en forma de  V, al menos no en todos los sectores económicos. En ciertas áreas el prolongado confinamiento causó nula oferta y demanda agregada negativa. Por lo que muchos sectores económicos cerraron definitivamente y vieron erosionado en diverso grado la posición financiera de los entes económicos. Con esto último sus ahorros se extinguieron, aumentó su nivel de endeudamiento, o simplemente cayeron en el impago de sus obligaciones.
  • Las expectativas de inversión serán negativas o al menos conservadoras, en tanto las políticas públicas estén basadas en ocurrencias, mayor control del poder ejecutivo e injerencia e inconformidad con las decisiones de los organismos autónomos, así como el gran peso que el poder ejecutivo otorga a antiguos símbolos de la soberanía nacional.
  • Efectos adversos del exterior causados por la política monetaria de los Estados Unidos y la continuación de políticas proteccionistas.
  • La tasa de inflación anualizada llegó a 6.08% que es la tasa más elevada en los últimos 4 años, por lo que Banxico se verá limitado para disminuir la tasa de interés permaneciendo en el 4%.

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Riesgos de una Reforma Constitucional

Con casi una treintena de amparos otorgados contra la recién modificada Ley de la Industria Eléctrica, ha comenzado la batalla legal que pretende desechar la controversial política en materia energética que impulsa el Gobierno de la 4T.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipándose a que la Suprema Corte de Justicia, considere esta ley anti constitucional, amenaza ahora con Reformar la Constitución.

Pero, ¿cuales son los riesgos de una Reforma Constitucional propuesta por el poder ejecutivo de forma tan precipitada?

Le preguntamos su opinión a un experto, al Doctor en Derecho, Catedrático de la Universidad de Valencia y Colaborador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , Abogado Carlos Tormo Camallonga y esta fue su respuesta:

Cualquier ciudadano mínimamente instruido en la Ciencia del Derecho sabe que toda norma jurídica es una moneda de dos caras que representan cada una de ellas la justicia y la seguridad jurídica. La primera da lugar a disquisiciones eternas y sin conclusiones definitivas ni inmutables; la segunda, no tanto, en la medida en que la podemos definir, simplemente, como la “certeza del derecho”, en su conocimiento y en su aplicación. La justicia y la seguridad son elementos que no pueden entenderse por separado. 

Dejando, con nuestro mayor respeto, para filósofos y demás estudiosos de la ética y la moral, el alcance de lo que puede entenderse por justicia, cualquiera de nosotros sí está suficientemente capacitado para entender la seguridad jurídica como la garantía que el Estado concede al ciudadano de que sus derechos y libertades no van a ser manoseados arbitrariamente ni por los otros ciudadanos ni mucho menos por la Administración Pública. En este sentido, toda norma jurídica requiere de un mínimo de estabilidad en su vigencia y aplicación, de manera que todo cambio al respecto debe venir precedido de un amplio consenso social sobre su oportunidad.

A todos estos efectos no está de más recordar que la Constitución mexicana no es precisamente un texto sencillo de interpretar en todas sus posibilidades, sino más bien todo lo contrario, algo especialmente acentuado cuando hablamos de su reforma Y así es hasta el punto de que a día de hoy los estudiosos de la materia no se ponen de acuerdo ni siquiera en el número de alteraciones que ha sufrido a lo largo de los años. 

Es obvio que toda evolución o cambio de la sociedad, por mínimo que sea, requiere de una legislación que se adapte a las nuevas sensibilidades. En este punto la doctrina constitucionalista conviene en que nuestra carta magna es razonablemente receptiva en tanto que permite reformarse, y más en concreto adicionarse, sin necesidad de superar trámites excesivamente gravosos. Contrariamente, la ambigua redacción de muchos de sus artículos, y muy especialmente del 135, y en tantos puntos, solo puede resultar aceptable para los intereses ciudadanos, y nacionales en su conjunto, desde la exquisita responsabilidad política de todos y cada uno de los órganos con voz y voto en la alteración del texto constitucional. Y una de las principales objeciones sobre este artículo es la concreción de los órganos o entidades legitimados para presentar la iniciativa de reforma constitucional, como quedó claramente expuesto en 1982 con motivo de la reforma del artículo 28 para que el servicio de banca y crédito fuera brindado exclusivamente por el Estado.  

Al margen de la oportunidad o no de esta reforma en la coyuntura económica del momento, la iniciativa de López Obrador puede sentar un peligroso precedente, como es el de todo Presidente de la República pueda sentirse legitimado para reformar la Constitución en la consecución de unos objetivos que, de por sí, son ideológicos y, por lo tanto, susceptibles de mutar cada seis años. Se estaría abriendo la caja de los truenos y lo que es peor, se estaría lanzando un mensaje de peligrosa discrecionalidad por parte del Presidente de la República que rozaría la arbitrariedad y, en consecuencia, el abuso de poder. Lo podríamos entender cuando el Presidente era el jefe del partido hegemónico, pero consideramos que resulta del todo inapropiado en una democracia representativa y multipartidista como es la actual.  

En la consecución de las legítimas pretensiones, todo protagonista en el gobierno de la República debe ensayar cualquier instrumento a su alcance, dentro del ordenamiento jurídico, antes de proceder a la reforma de la Carta Magna. Este debería ser el último de los recursos al que acudir. Una simple sentencia en primera instancia por la jurisdicción ordinaria en absoluto puede desencadenar semejante turbulencia política. Es más, toda sentencia judicial permite un replanteamiento de la cuestión; es una invitación a la reflexión. De lo contrario, si cada pronunciamiento judicial que objeta cada decisión política de cuestionable constitucionalidad es acallado por la correspondiente reforma propiamente constitucional ad hoc, flaco favor le estamos haciendo a la democracia mexicana, en tanto que pretendemos un poder judicial sometido a los designios del partido político y/o del Presidente de turno. 

Al margen de la oportunidad de la iniciativa legislativa de López Obrador, en la que no entramos, una reforma de semejante calado y repercusión nacional e internacional, requiere de una discusión detenida. Es cierto que ello requiere de no poco tiempo, pero no lo es menos que la Norma Suprema siempre debe ser fruto del consenso entre todos los implicados, y como no del pueblo. 

El sosiego normativo siempre es un mensaje de madurez democrática e institucional tanto a la ciudadanía en general como a la comunidad internacional. Y si el texto constitucional mexicano no es lo que demanda una sociedad moderna como la nuestra necesita, no cabe más que su oportuna reforma integral, cuando no una nueva Constitución? Mientras tanto, es del todo contrario a los intereses mexicanos perpetuar unas prácticas propias de un régimen monolítico de partidos que, aunque hay consenso en dejar atrás, parece que algunos se resisten. Aunque dudamos, no cuestionamos la legalidad de la reforma, pero sí discrepamos, y radicalmente, de su oportunidad. 

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Reforma Constitucional ¿generadora de desconfianza?

 

En estos últimos meses, el Presidente de México, se encuentra de muy mal humor, parece nada salirle bien. La epidemia no cede, las vacunación se retrasa, los partidos políticos de oposición forman un bloque para evitar que su partido ocupe escaños en el Congreso y con ello se diluya el respaldo del órgano legislativo al cumplimiento de su mandato. Por si ello fuera poco, sus planes de Reforma al Sector energético se han topado de frente con las decisiones de jueces y magistrados que han otorgado amparos a las empresas particulares que se ven afectadas por las restricciones que les impone la reforma a Ley de la Industria  Eléctrica.

Enero 2021 se remite al Congreso una Iniciativa de Proyecto para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que finalmente es aprobada por la mayoría de congresistas del partido oficial en el poder. 

El espíritu y objetivo primordial de esta iniciativa de Ley es la eliminación del Mercado Eléctrico Mayorista para dar prioridad a la entidad estatal, la Comisión Federal de Electricidad, por encima de los productores privados. La Comisión Federal de Competencia ya declaró anti-competitiva esta Ley pues favorece el comportamiento monopólico de la entidad en perjuicio de sus competidores privados. Adicionalmente la Ley es violatoria del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC. 

Ante la opinión negativa de organismos independientes , Don Andrés ha explotado contra las comisiones de competencia y de regulación, órganos autónomos, amenazádolas con fusionarlas, disminuir su presupuesto y desaparecerlas como solución final.  

El Presidente ahora también ve como enemigos, a jueces y magistrados del poder judicial, que han otorgado suspensiones temporales en favor de los afectados por esta Ley reformada. El proceso judicial apenas comienza y es de esperarse que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. 

A todas luces, la Ley es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 25 y 26 expone:

….”Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo….

Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013 …….”

Sabedor, Don Andrés, de que el máximo tribunal del país declare que la Ley de la Industria Eléctrica es contraria a la Constitución y la deseche, ha decido entonces que la solución más idónea será modificar la Constitución para no contrariarla con sus iniciativas. 

La modificación de la Constitución no es un proceso sencillo ni rápido. Según el artículo 135 establece que cualquier adición o modificación a la Carta Magna deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión y además contar con la aprobación de la mayoría absoluta, la mitad más uno, de los Congresos de los Estados de la República. En este momento ambos obstáculos los tiene resuelto el gobierno de la 4T, pues es mayoría de diputados Federales y 19 congresos  locales de los 32 son mayoría del partido dominante y sus aliados. Sin embargo, serán las próximas legislaturas quienes decidirán al respecto. Ya que las elecciones para designación de congresistas federales y algunos locales se efectuarán el próximo 6 de junio, aún se desconoce la tendencia definitiva en preferencias electorales, pero el descontento con el gobierno actual y su administración y manejo de la crisis epidémica ha dejado molestias que se reflejarán en las urnas.

Una modificación constitucional cuyo único objetivo sea ajustarla a legislaciones secundarias que dé ella emanan, genera intranquilidad en los gobernados, desconfianza en los inversionistas, y temor en los mercados financieros, toda vez que los capitales ‘huyen’ de los problemas o de la simple percepción de un entorno adverso.

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CODI, no alcanza los objetivos propuestos

Se cumple un año desde el lanzamiento de la plataforma CoDi, sin alcanzar ninguna de las expectativas que Banxico anunció con su lanzamiento.

A pesar de los esfuerzos de la banca comercial para subir a su clientela en la plataforma, de la publicidad en medios y de las múltiples alabanzas al CoDi en las conferencias diarias de la Secretaria de Economía, lo cierto es que los usuarios de la banca comercial no están interesados en usar la plataforma .

Ya habíamos dicho en nuestro análisis de hace un año, CoDi, ¿será posible el éxito anunciado por Banxico?, que CoDi no será una plataforma de pagos de adopción masiva en el corto y mediano plazo. 

Y el CoDi no será en lo absoluto un mecanismo que fomente la bancarización de un segmento de la población que simplemente está acostumbrada al pago en efectivo, en México más del 90% de las transacciones comerciales se realizan con pago en efectivo.

¿La razón?  Son muchas las razones que explican la baja adopción de la plataforma, entre otras, que no hay muchos negocios que acepten CoDi, y que los comerciantes no están interesados en la adopción de la plataforma ante el temor de que el SAT fiscalice sus operaciones; que se trata de un sistema complejo en comparación al pago con tarjeta, que sólo requiere presentarla, en ocasiones digitar un nip y firmar el voucher; los usuarios no bancarizados no tienen ningún incentivo para abrir una cuenta bancaria pues representan dificultades administrativas con las cuales no se quiere lidiar. En resumen podríamos decir que el alto nivel de operaciones comerciales informales es el principal freno de la inclusión financiera.

Si bien, no se han habilitado  los 18 millones de usuarios que Banxico pretendía para Septiembre 2020, si se ha logrado un total de más de 5 millones de aplicaciones descargadas. Sin embargo son menos de 225 mil cuentas, en todo un año, que han registrado un cobro; es decir sólo un 4.5% del total de aplicaciones descargadas.

La Asociación de Bancos de México asegura que fueron las medidas restrictivas para contener la pandemia, las que arruinaron la adopción de la plataforma. 

Lo cierto es que la baja adopción de la plataforma y su fracaso en el corto y mediano plazo se atribuye a que los usuarios de la banca ya cuentan con una tarjeta de débito para el pago, y los usuarios de tarjetas de crédito no tienen forma de asociarla para el pago con CoDi. Por su parte los consumidores que pagan en efectivo no ven necesidad de un mecanismo de pago alternativo.

Ya Gerardo Esquivel, Subgobernador de México se había referido al fracaso de la plataforma si no lograba mayor inclusión financiera, y tal situación ya es palpable pues CoDi, no es de interés masivo para la realización de transacciones economico-comerciales.

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KEKAS sin queso, los efectos de la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

Octubre 14, la SECRETARÍA DE ECONOMÍA en coordinación con la PROFECO, anunciaron conjuntamente  la prohibición en la comercialización de 23 presentaciones de quesos y yoghurt de varias marcas, entre las que se encuentran Caperucita, Fud, Nochebuena, Precissimo, Aurrera, Burr, Selecto Brand, Cremería Covadonga, Premier plus, Frankly, Galvani, Lala, Philadelphia, Los Portales, Zwan, Walter, Sargento y Danone. 

El motivo de esta prohibición, es el incumplimiento de diversos conceptos en su etiquetado en relación al contenido de grasas vegetales y caseinato en algunos casos, y en otros en relación a variaciones en el contenido expresado en la etiqueta con las porciones ofrecidas a la venta, en otros casos es la revelación del país de origen y en casos más polémicos está el contenido de diversos endulzantes en el yogurt de Danone. 

El titular de PROFECO, anunció en conferencia de prensa que fue la aplicación por primera vez de la Nueva Ley Federal de Infraestructura de la Calidad, que en este año 2020 viene a sustituir a la Ley sobre Metrología y Normalización.

La aplicación de esta ley ha venido a causar revuelo en estas empresas, que no se habían adecuado aún a los parámetros exigidos en la nueva normatividad. Es verdad, que en ocasiones los fabricantes no revelan adecuadamente los ingredientes que componen sus productos o bien falsean ciertos parámetros en cuanto a contenido  y proporciones. Ya diversos fabricantes han expresado su inconformidad en relación además se anunció que sus áreas regulatorias ya están en contacto con la autoridad para subsanar o aclarar las supuestas irregularidades.

Por su parte el PROFECO, menciona que las medidas tomadas obedecen a la protección en defensa de los consumidores. Los demás productores del ramo alimenticio, deberán poner la lupa en el etiquetado de sus productos para evitar sanciones futuras por parte de la autoridad. Si ves las barbas de tu vecino cortar…..

COPARMEX, se pronunció contra PROFECO, al tachar de infundada e irresponsable la prohibición en la comercialización de las marcas de lácteos sancionadas, al ver cierto tinte político en la aplicación de estas medidas, en plena pandemia cuando las autoridades sanitarias han atribuido el exceso de mortalidad por la COVID19 a factores alimentarios de los mexicanos.

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